Conecta con nosotros

México

SAT va tras profesionistas, Pymes y morosos en 2021

El SAT aumentará la fiscalización sobre profesionistas que trabajan por su cuenta, empleados por honorarios, prestadores de servicios y pequeñas empresas; con el fin de identificar a deudores, evasores y contribuyentes morosos, alertó el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Lo anterior con la finalidad mantener y, de ser posible, aumentar la recaudación registrada en 2020; la cual, apenas aumentó 0.1% entre enero y noviembre pasados; con un saldo acumulado de 3.02 billones de pesos, reportados por la Secretaría de Hacienda.

Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del CCPM, explicó que en 2021 no aumentaron ni se crearon nuevos impuestos; tal como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, con la finalidad mantener y garantizar el nivel de la recaudación, este año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará la fiscalización sobre los medianos y pequeños contribuyentes; entre ellos, las pequeñas y medianas empresas y los prestadores de servicio.

Además, apuntó, de los profesionistas que trabajan por su cuenta, empleados por honorarios; quienes recurren a la figura de sueldos asimilados y todos los que no estén al corriente de obligaciones fiscales o hayan incurrido en discrepancia fiscal; es decir, con ingresos superiores que no fueron no declarados al SAT.

En una entrevista con Publimetro, el especialista del Colegio de Contadores Públicos advirtió que, tal como lo hizo en 2020, “el SAT llevará una fiscalización más importante, más a detalle y de mayor seguimiento; y que no esperará, como en administraciones pasadas”, para hacer revisiones “en tiempo real”.

Explicó que, por ley, la autoridad tiene hasta cinco años para revisar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; lo que hoy lleva a fiscalizar los ejercicios de 2017 y 2018.

Pero, indicó Guillermo Mendieta González, “ahorita lo que quiere el Servicio de Administración Tributaria es seguir con este esquema de revisión; pero sin perder de vista las fiscalizaciones en tiempo real.

“Esto último con el apoyo de los CFDI –recibos o facturas electrónicas-, revisiones tributarias y auditorias electrónicas; además del envío de cartas-invitación o exhortos fiscales; aplicando la tecnología, para el uso cotidiano o el día a día” puntualizó.

De tal suerte, concluyó Mendieta González, que lo mejor será que todos los contribuyentes estén al pendiente de las invitaciones y procesos de revisión iniciados por el SAT; porque, si las obligaciones no cubiertas superan ocho millones de pesos, existe el riesgo de cárcel.

Fuente: Publimetro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto