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SAT va tras profesionistas, Pymes y morosos en 2021

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El SAT aumentará la fiscalización sobre profesionistas que trabajan por su cuenta, empleados por honorarios, prestadores de servicios y pequeñas empresas; con el fin de identificar a deudores, evasores y contribuyentes morosos, alertó el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Lo anterior con la finalidad mantener y, de ser posible, aumentar la recaudación registrada en 2020; la cual, apenas aumentó 0.1% entre enero y noviembre pasados; con un saldo acumulado de 3.02 billones de pesos, reportados por la Secretaría de Hacienda.

Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del CCPM, explicó que en 2021 no aumentaron ni se crearon nuevos impuestos; tal como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, con la finalidad mantener y garantizar el nivel de la recaudación, este año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará la fiscalización sobre los medianos y pequeños contribuyentes; entre ellos, las pequeñas y medianas empresas y los prestadores de servicio.

Además, apuntó, de los profesionistas que trabajan por su cuenta, empleados por honorarios; quienes recurren a la figura de sueldos asimilados y todos los que no estén al corriente de obligaciones fiscales o hayan incurrido en discrepancia fiscal; es decir, con ingresos superiores que no fueron no declarados al SAT.

En una entrevista con Publimetro, el especialista del Colegio de Contadores Públicos advirtió que, tal como lo hizo en 2020, “el SAT llevará una fiscalización más importante, más a detalle y de mayor seguimiento; y que no esperará, como en administraciones pasadas”, para hacer revisiones “en tiempo real”.

Explicó que, por ley, la autoridad tiene hasta cinco años para revisar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; lo que hoy lleva a fiscalizar los ejercicios de 2017 y 2018.

Pero, indicó Guillermo Mendieta González, “ahorita lo que quiere el Servicio de Administración Tributaria es seguir con este esquema de revisión; pero sin perder de vista las fiscalizaciones en tiempo real.

“Esto último con el apoyo de los CFDI –recibos o facturas electrónicas-, revisiones tributarias y auditorias electrónicas; además del envío de cartas-invitación o exhortos fiscales; aplicando la tecnología, para el uso cotidiano o el día a día” puntualizó.

De tal suerte, concluyó Mendieta González, que lo mejor será que todos los contribuyentes estén al pendiente de las invitaciones y procesos de revisión iniciados por el SAT; porque, si las obligaciones no cubiertas superan ocho millones de pesos, existe el riesgo de cárcel.

Fuente: Publimetro

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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