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SCJN dará prioridad a ‘blindaje anticorrupción’ en casos Duarte y Borge

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Por unanimidad, el Pleno de la Tribunal Constitucional acordó este lunes que la solicitud del Senado para atender prioritariamente dichos casos es procedente, cumplió con los requisitos de ley, además de que se trata de un tema trascendente.

Autoridades del Tribunal Constitucional dijeron que dicha aprobación se hizo en sesión privada y detallaron que será a partir de septiembre próximo cuando dichos temas se comiencen a discutir y resolver.

Esto será durante las sesiones públicas que el pleno de la Suprema Corte realiza cotidianamente los lunes, martes y jueves.

Las acciones de inconstitucionalidad 56/2016, 57/2016 y 58/2016 promovidas contra reformas anticorrupción impulsadas, en sus respectivos estados, por los gobernadores Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, y Roberto Borge de Quinta Roo.

El 1 de agosto pasado, durante la ceremonia de inauguración del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte, el ministro Luis María Aguilar informó que el Senado solicitó la atención prioritaria a dichas acciones.

“A la brevedad se continuará con el trámite respectivo por lo que se solicitará los informes correspondientes con el objeto de que en la próxima sesión privada se determine lo conducente”, dijo el ministro en su momento.

Dichas acciones fueron promovidas por la PGR el 11 de julio, al advertir “vicios legales” en las reformas legales anticorrupción aprobadas en los citados estados.

Consideró que dichas reformas se dieron sin esperar la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, consideró que son contrarias al fin de las reformas a la Constitución de 2015 en materia anticorrupción. El 18 de julio el presidente Peña Nieto promulgó dichas leyes.

En su momento, se dijo que estas modificaciones legales tenían el fin de “blindar” a las administraciones salientes, en los tres casos señalados por corrupción, pues ellos iban a tener el control de nombrar a los fiscales anticorrupción.

Los tres gobernadores han negado un blindaje con la promulgación de dichas reformas.

El Financiero

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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