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México

SCJN desechó impugnación del Senado a la Ley de Hidrocarburos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la acción de inconstitucionalidad que argumentaron los Senadores en contra de la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos.

A través del acuerdo, se desechó, “por notoria y manifiesta improcedencia”, la acción de inconstitucionalidad presentada por los Senadores integrantes de la sexagésima cuarta Legislatura del Congreso de la Unión.

Éste fue presentado en el mes de mayo de 2021 con el objetivo de impugnar los artículos 51 fracción III; 53 párrafo segundo ; 57 y 59 Bis; además de los transitorios cuarto y sexto de la referida ley.

Sin embargo, se ordenó también que una vez que cause estado este auto, se archive el expediente como asunto concluido.

En este sentido, se habilitaron días y horas necesarias para realizar las notificaciones por lista y oficio a los promoventes, en el domicilio señalado en su escrito inicial.

Ésta, será añadida al expediente para que surta efectos legales la impresión de la evidencia criptográfica de este auto, de conformidad con el punto quinto del Acuerdo General 14/2020.

 EFE/Captura de video
EFE/Captura de video

Dicho acuerdo partió de la revisión exhaustiva de los documentos exhibidos, mismos en los que la Corte señaló que hacían falta firmas autógrafas de los promoventes.

Lo anterior, indicaron, habría quedado anotado desde la certificación asentada por la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia.

Señalaron, además, que de acuerdo con la disposición a la que se invocó, se les dio la oportunidad de presentar un documento con firmas autógrafas, y no con firmas en copia simple.

“La ratificación operaría ante la dudad de la autenticidad de las firmas anotadas, pero siempre que éstas fueran autógrafas, lo que en el caso, no sucede”, señalaron desde la SCJN.

Finalmente, se les comunicará a los senadores responsables de dicha iniciativa, que quedará a su disposición el medio de impugnación que al efecto establece la Ley Reglamentaria.

EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo
EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

En fechas recientes, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió ocho nuevas suspensiones definitivas en contra de la Ley de Hidrocarburos impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las empresas a las que se les aprobaron los amparos contra el artículo 57 y los transitorios cuarto y sexto fueron Servicio Villa de Arista, Petrotal, Cimagas, Centro de Distribución de Autoconsumos de Occidente, Comylub Mexicana, Comylub, Comercializadora Industrial de Hidrocarburos y Tiger Fuel.

La resolución será vigente hasta que el Poder Judicial falle de fondo sobre la constitucionalidad de esta nueva reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 4 de mayo del 2021.

Pero no fueron los primeras suspensiones definitivas, pues anteriormente también les fueron concedidas a las empresas Grupo Base Energéticos, Distribuidora de Combustibles Mil, Viga Express, Pharaoh International Products, Antluc y Dalia Pilar Lamarque Pico.

Como argumento a la resolución, los reguladores expresaron que las determinaciones frenadas abrirían camino para que Pemex recupere su papel monopólico en el mercado de hidrocarburos, lo que implicaría ahuyentar a inversionistas e incrementar los precios al consumidor.

Es así que esta reforma, la cual busca devolver a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el control de los precios y cambios en el manejo de los combustibles, ya sumaría 14 suspensiones en su contra.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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