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México

Se busca fortalecer la comunicación y divulgación legislativa: Pérez Cuéllar

El Senado y la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos firmaron un convenio de colaboración en materia de comunicación con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) con Sede Permanente en Panamá para ampliar la difusión de informaciones emanadas de estas cámaras legislativas.

El senador por Morena y presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso mexicano, Cruz Pérez Cuéllar, manifestó que este convenio tiene como objeto establecer las bases y las condiciones a efecto de fortalecer la colaboración en materia de comunicación y divulgación legislativa entre las partes.

Explicó Pérez Cuéllar, que el Canal del Congreso de México, pondrá a disposición del PARLATINO la transmisión vía internet de los eventos del organismo que se produzcan en dicha nación, mientras que el organismo legislativo regional hará lo mismo para la difusión en directo de las actividades que involucren la participación de legisladores mexicanos integrantes del foro conformado por 23 países de América Latina y el Caribe.

De igual manera, detalló el legislador mexicano, tras participar en la firma de este convenio como presidente de la Comisión Bicameral, que el PARLATINO suministrará al Canal del Congreso notas informativas y documental fotográfico de los trabajos parlamentarios en las comisiones y plenarias del PARLATINO.

Dijo que este organismo legislativo cuenta con la plataforma digital PARLATINO TV que entró en operaciones en el 2015 para el intercambio informativo entre los congresos miembros, mientras que el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con 21 años de trabajo continuo, se ha consolidado como la principal fuente de información de la función legislativa bajo los principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, oportunidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales.

Destacó que el acuerdo fue suscrito este 16 de enero y participaron además, el senador chileno Jorge Pizarro, presidente del PARLATINO; el diputado uruguayo Pablo González, secretario general del PARLATINO y la senadora Vanessa Rubio Márquez, vicepresidenta por el Congreso de México en el PARLATINO.

De la misma manera, participaron en la firma de convenio, el director del Canal Congreso de México, Eduardo Sánchez, el diputado cubano Rolando González Patricio, secretario de Comisiones del PARLATINO; el secretario ejecutivo, Elías Castillo y el director general de la Sede Permanente del organismo, Eduardo González, entre otras autoridades.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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