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México

Se busca que SCJN no invalide e interprete preceptos constitucionales

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de la iniciativa de la diputada morenista Reyna Celeste Ascencio que busca restringir la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide e interprete preceptos constitucionales.

«Nosotros no estamos promoviendo ninguna iniciativa con ese propósito, seguramente lo están haciendo en el Poder Legislativo porque también ese poder tiene la facultad de presentar iniciativas, diputados, senadores, pero en lo que corresponde al Ejecutivo no se ha presentado una iniciativa de reforma a la Constitución con ese propósito».

«(…Una iniciativa para restarle facultades al Poder Judicial no sé está promoviendo por el Ejecutivo», dijo.

-¿No cuenta con su respaldo?, se le cuestionó.

«Son decisiones que toman los legisladores, nada más para aclarar eso, pero no es una iniciativa propuesta por el Ejecutivo», enfatizó.

La propuesta de la diputada morenista publicada en la Gaceta Parlamentaria modifica el artículo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, referente a las controversias y acciones de inconstitucionalidad que podrá conocer la SCJN.

En la exposición de motivos, la morenista reconoció que la iniciativa trata de limitar el poder político de la SCJN ante la posibilidad de que caiga en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le reste validez o eficacia.

De acuerdo con la iniciativa, la Constitución prevé de manera expresa mecanismos para ser modificada a través del Congreso y con el voto de dos terceras partes de sus integrantes.

Plantea que una reforma constitucional realizada por el Congreso implica la supresión o invalidez de algunos de sus preceptos, de ahí que darle facultades a la Suprema Corte en ese sentido sería un acto de «rebelión franca».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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