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Se cierran puertas y se abren otras: Madero

El diputado federal por la PAN, Gustavo Madero, manifestó satisfacción y ánimo por formar parte del gobierno de Javier Corral, quien asumirá la gubernatura de Chihuahua el próximo 4 de octubre, aunque en entrevista con Azucena Uresti, para Milenio Televisión, aceptó que mantiene diferencias con el dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, por el cambio de postura que mostró en el transcurso del año.
Luego de que en agosto pasado, Madero negó que fuera a participar en el gobierno de Chihuahua este lunes expresó su ánimo por la invitación que recibió de Javier Corral para formar parte del equipo de transición. “La verdad es un proyecto con el que estoy comprometido desde el inicio, yo apoyé mucho a Javier para que fuera nuestro candidato; es el hombre que puede generar un mejor gobierno en el estado y será un gobierno que se dedicará a resolver los problemas de la gente que menos tiene”, afirmó el panista, quien ya pidió licencia por tiempo indefinido para dejar su curul.
Admitió que su prioridad fue encabezar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, “no se logró, pues tenía interés, además la pregunta en aquel entonces giraba en torno a si yo iba a ser secretario general de Gobierno de Chihuahua, pero no es el caso. “Sí, pedía presidir la Mesa Directiva, creí que por experiencia y trayectoria podría, y no se pudo; se cierran puertas y se abren otras y estoy con el mejor de los ánimos a seguir contribuyendo para que cambie el estado y mi país para tener mejores gobiernos”, añadió.
Comentó que aún desconoce qué cargo ocupará durante la gestión de Corral, pues se debe esperar a que asuma funciones, pero aclaró que no será la secretaría de Gobierno.
Madero descartó que vaya a conformar un grupo que se oponga a la pretensión de Anaya de aspirar a la presidencia de la República, en 2018, aunque recalcó que ha denunciado el conflicto de interés en el que se encuentra el dirigente: “yo creo que su candidatura no debe de surgir de la función que ocupa sino por sus ideas, como Margarita o como cualquier candidato”. Aseveró que él quiere un grupo que busque la unidad, “con piso parejo y un proyecto amplio para construir, Igual que como hicieron en Chihuahua con una propuesta plural, incluyente y con agenda social”.
Admitió que ya no ha tenido ninguna comunicación con el dirigente nacional panista, y afirmó que continuará en el partido, al cual definió como el “mejor de México”.
Milenio

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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