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Se compromete fiscal de Chihuahua a crear la Unidad de Atención de Agresiones a Periodistas

El Foro de Periodistas de Chihuahua A. C., encabezado por su presidente Ángel Zubía García, se reunió con el Fiscal General del Estado César Augusto Peniche Espejel, para revisar el esclarecimiento del homicidio del periodista Adrián Rodríguez y las demás agresiones a compañeros del gremio que han ocurrido de manera reciente.
Durante el encuentro, el Fiscal General se comprometió a establecer a la brevedad una Unidad Especial para atender las agresiones en contra de los periodistas una vez que sea aprobado por el Congreso del Estado la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos; la intención es que la unidad evolucione al tamaño de una Fiscalía Especializada también.
Además, Peniche Espejel se comprometió a integrarse al Sistema Integral de Seguridad para los Periodistas que recientemente fue reactivado a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y anunció que pronto se echarían a andar los talleres de prevención del delito para todo el gremio y talleres de sensibilización hacia la tarea periodística, para mandos de la corporación.
La reunión del Foro de Periodistas con el Fiscal obedeció a las inquietudes que han surgido en torno a las investigaciones para el esclarecimiento del asesinato del comunicador Adrián Rodríguez y el restablecimiento del Sistema de Seguridad para los Periodistas del Estado.
El presidente del Foro, Ángel Zubía, agradeció el inicio del diálogo y las intenciones del Fiscal, sin embargo, fue enfático en señalar que la Unidad Especial de Investigación de Agresiones a Periodistas es un buen avance, pero que el gremio espera que se llegue a constituir como una Fiscalía Especializada para la debida atención y esclarecimiento de todos los casos.
Los integrantes del Foro y el Fiscal acordaron mantener el diálogo para la atención a las carpetas o expedientes de agresiones a los profesionales de la comunicación, así como para iniciar cuanto antes los talleres que permitan a los compañeros profesionalizar su cobertura informativa, cuidar su integridad, saber qué hacer en caso de verse amenazado y a quién acudir, entre otros aspectos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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