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Se criminalizan en 76 países la homosexualidad

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Un estudio sobre leyes y prácticas contra el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) dado a conocer por la ONU da cuenta de que al menos 76 países cuentan con legislación que criminaliza la homosexualidad.

El informe da cuenta que al menos 76 países tienen leyes que criminalizan explícitamente las relaciones homosexuales o “vagas prohibiciones que se aplican de forma discriminatoria” contra este colectivo.

Al presentar el informe, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, manifestó: “Sé que algunos se resistirán a lo que estoy diciendo. Podrán argumentar que la homosexualidad y las expresiones de identidad transgénero chochan con la cultura local o valores tradicionales, enseñanzas religiosas, o que van en contra de la opinión pública. No debemos descartar estas preocupaciones, pero escuchen cuidadosamente, centrándose en las violaciones, y traten de avanzar a pesar de las dificultades. Ninguna opinión personal, ni creencia religiosa, sin importar que tan profunda o compartida sea, puede justificar la negación de los derechos básicos de cualquier ser humano”.

Desde el año 2000, las leyes que criminalizan actos homosexuales han sido derogadas enArmenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Georgia, Fiji, India, las Islas Marshall, Nepal, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, así como en territorios de Nueva Zelanda y Reino Unido.

Pese a ello, actualmente en al menos cinco países se puede aplicar la pena de muerte a aquellos que sean declarados culpables de delitos de conducta homosexual.

Los incidentes más comunes son los asesinatos selectivos, los asaltos violentos, los actos de tortura y la violencia sexual.

El informe, elaborado a partir del estudio de dos décadas de documentos recogidos por los organismos de derechos humanos de la ONU, concluye que existe un claro patrón de violencia y discriminación contra las personas LGBT.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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