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Se denunciaron 583 delitos en Chihuahua durante febrero

En febrero se denunciaron 583 delitos, 6.4% menos que en enero con 623. En números absolutos, en primer lugar, está violencia familiar con 201 carpetas de investigación, 2 de ellos clasificados como violencia de género, mismos que constituyen el 34.48% del total de delitos, observando que esta es la cifra más baja que se tenga registro, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de FICOSEC Chihuahua.

En segunda posición, con 11.49%, se ubican las perpetraciones contra la libertad y seguridad sexual, con 67 casos: 35 de abusos sexuales, 4 hostigamientos sexuales, 3 violaciones equiparadas y 3 clasificados como otros, presentando en este mes de febrero el promedio más alto mensual que asciende a 70 desde que se tienen registros y, con una tendencia paulatina al alza.

En tercer lugar, se encuentra el robo a vehículo sin violencia, mientras que en enero había ocupado la cuarta posición con 64 incidencias, representando el 10.98% del total. Si bien en enero presentó la menor cifra registrada, ahora en febrero se observa un repunte.

Narcomenudeo pasó del quinto lugar en enero, al cuarto con 61 denuncias, lo que representa el 10.46% del total. En el transcurso de 2018, se observó un descenso paulatino, con la menor cifra en diciembre, sin embargo a partir de enero, la incidencia en este delito va a la alza.

Lesiones dolosas pasó del tercer lugar en enero al quinto en febrero con 51 casos, 8.75% del total. Aunque en 2018, se presentó el promedio mensual más alto desde 2015 y con una tendencia anual al alza, las cifras registradas en lo que van del año están por debajo de la mayoría de las cifras mensuales de 2018.

Con relación al contexto regional, según las tasas de denuncias por cada 100 mil habitantes, el delito de violencia familiar y de género ocupa el primer lugar en el estado con 18.1, el segundo narcomenudeo con 17, y robo a vehículo en tercero con 10.3; en los municipios de Delicias con 28.4, Hidalgo del Parral, 24.1, Chihuahua con 21.2, Cuauhtémoc con 16.3 y Nuevo Casas Grandes, 11.7. En Juárez se presenta en segunda posición con 22.4.

En Chihuahua se encuentran los delitos relacionados con la libertad y seguridad sexual en segunda posición, con una tasa de 7.1, e igualmente en Nuevo Casas Grandes con 11.7; el robo a casa habitación sin violencia se presenta en segunda posición en Delicias, 27.8, Hidalgo del Parral con 20, Cuauhtémoc con 14.7. Este delito también se observa como tercera posición en Nuevo Casas Grandes.

En tercera posición se observa el delito de narcomenudeo en Chihuahua con 6.4, y en Juárez con 39, que es el primero en el ranking; también en tercera posición está lesiones dolosas en Cuauhtémoc con 10.9, robo a negocio en Delicias, 6.3 y en Hidalgo del Parral robo a vehículo sin violencia con 16.6.

Por otro lado, si bien la tasa móvil[1] de violencia familiar y de género se observa menor en enero, es el delito que presenta mayores incidencias a nivel estatal y se manifiesta de la siguiente manera: en el municipio de Chihuahua, la tasa es de 347 por cada 100 mil habitantes, en la zona centro del estado, 323.9, [2] en el estado 288.2 y a nivel nacional 144.7. A nivel nacional, el estado de Chihuahua ocupa el cuarto lugar en este delito, precediendo Durango con una tasa de 301.52, Nuevo León con 306.04, Colima con 321.24 y Coahuila, 330.35, en orden ascendente.[3]

Lo mismo pasa con robo a vehículo sin violencia en el municipio de Chihuahua, mismo que ocupa la segunda posición con 123.2 denuncias por cada 100 mil habitantes, sin sobre pasar la tasa de enero con una tasa móvil de 112.2 en el municipio,114.2 en la zona centro; en el estado de 131.8, y a nivel nacional 163.8, delito que ocupa el primer lugar en el país. También sin superar la tasa de enero, se observan las lesiones dolosas en tercera posición con 105.1 denuncias por cada 100 mil habitantes (con una tasa móvil en el municipio de 105.1, en la zona centro 99.7, en el estado 101.9 y a nivel nacional 114.8).

Los delitos relacionados con la libertad y la seguridad sexual, la tasa de denuncias pasó de 88.9 en enero a 90.4 en febrero (en tanto que la tasa móvil en el municipio fue de -90.4, en la zona centro 85.5, en el estado 71.8 y 34.5 a nivel nacional).

Es así que en general el reporte de febrero 2019, informa sobre una tendencia relativa de contracción en las incidencias delictivas de alto impacto con respecto a los meses anteriores, aunque ahora repuntan en números absolutos y en orden de importancia por incidencia: robo a vehículo sin violencia, narcomenudeo, robo a negocio sin violencia, robo a casa habitación sin violencia y otros que atentan contra la libertad personal.

Igualmente resaltan por tasas de incidencia por cada 100 mil habitantes, en primer lugar, los delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual –90.4–, en aumento progresivo, y en segundo robo a negocio con violencia –9.1–.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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