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Se deslinda exesposo de Abril Pérez de su asesinato: pide que sea esclarecido

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Juan Carlos García, exesposo de Abril Pérez Sagaón y principal sospechoso del asesinato de la mujer, exigió que el crimen sea esclarecido y dijo estar en “total disposición” de colaborar con la autoridades.

En una carta pública enviada al periódico Reforma, el hombre, quien se desempeñó como exdirectivo de las empresas Amazon y Elektra, condenó el asesinato de su exesposa Abril Pérez el pasado 25 de noviembre de 2019.

“Decido hacer esta carta pública para exigir como tantas personas que su crimen sea esclarecido y que los responsables del mismo sean llevados ante la Justicia.

“Estoy en la total disposición de colaborar con la autoridad en la investigación correspondiente. Pese a los conflictos que tuvimos como matrimonio, jamás hubiera deseado este desenlace tan trágico”, escribió.

En su carta, el señalado admite que a inicio del año discutió con Abril al grado de llegar a los golpes, por lo que fue vinculado a proceso y, “después de hacer su defensa legal”, obtuvo su libertad.

Asimismo, mencionó que había acordado con su exesposa resolver “en definitiva” el conflicto que generó su vinculación a proceso y que, según él, sólo faltaba cumplir una audiencia que sería fijada en próximas fechas.

“En su momento, de manera espontánea ante el Juez de causa que me vinculó a proceso, expliqué lo que motivó nuestra pelea de inicios de año, sin mentir, manifestando como sucedieron las cosas. Nunca negué que hubiera existido la pelea y en ese tenor, asumí al final que derivado de ello tuviéramos ya una salida alterna”, agregó.

El asesinato de Abril Pérez Sagaón conmocionó la semana pasada pues, además de haber sido privada de la vida el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ella había denunciado a su exesposo por intento de asesinato después de haberle ocasionado fractura de cráneo.

Por esos hechos, Juan Carlos García había sido vinculado a proceso. Sin embargo, un juez desestimó los hechos y reclasificó el delito de “tentativa de feminicidio” a “violencia familiar”, por lo que el exdirectivo de Elektra fue liberado.

Días después de la liberación, Abril fue asesinada de dos balazos disparados por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras se transportaba con sus dos hijos y su abogado en un automóvil en movimiento rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Fuente: Proceso

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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