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México

Se enfrentan en Chiapas militantes de PRI, Verde y PRD

Simpatizantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD) se enfrentaron a golpes y a balazos anoche en la comunidad de Rincón Chamula, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en el norte del estado, con resultado preliminar de por lo menos cuatro heridos de bala —dos de gravedad— y ocho casas quemadas, informaron autoridades municipales.

En un principio se reportó un saldo de tres muertos, pero el secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, dijo que no tenía confirmación porque “el agente del Ministerio Público va a entrar apenas para hacer el levantamiento, ya que anoche no fue posible ingresar por las condiciones” generadas por el enfrentamiento.

“Corrieron versiones de que habían dos muertos y luego que tres, pero no tenemos constatada la existencia de ninguno de ellos”, subrayó el funcionario en entrevista telefónica.

Un funcionario municipal que pidió el anonimato aseguró que hasta esta mañana se habían reportado cuatro heridos de bala, dos de los cuales fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez por su gravedad, ya que las lesiones que presentaban fueron causadas por armas de grueso calibre.

Sostuvo que entre las ocho casas quemadas se encuentra la del candidato a la alcaldía por el PVEM, Mateo Hernández Bautista y de otros de sus familiares.

Castañón León explicó que el enfrentamiento se originó “por un accidente de tránsito entre taxistas, uno del PRD y uno del PVEM, lo que derivó en una confrontación con más partidarios de ambos partidos, y después se sumaron simpatizantes del PRI”.

Añadió que después del enfrentamiento a golpes “hubo disparos de arma de fuego que lesionaron a algunas personas y luego agredieron la casa del presidente municipal (Pedro Bautista) quien fue sacado del lugar para salvaguarlo”.

Agregó que “no hubo mayores problemas y pudimos entrar un rato con la policía, pero después hubo problemas porque seguía la agresión fuerte. por lo que nos apoyaron elementos del Ejército Mexicano, con lo que volvió la calma y la tranquilidad a la población”.

El funcionario municipal manifestó que esta mañana la situación era de tensión en Rincón Chamula, al tiempo que reiteró que “los militantes del PRD empezaron a amenazar con balas a los militantes del PVEM”.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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