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México

Se enfrentan policías y padres de los 43 en Iguala

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A 11 días de que se cumplan 10 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de los muchachos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, protestaron en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, lo que generó jaloneos entre militares y activistas.

Los manifestantes, portando carteles con el rostro y nombre de los desaparecidos, derribaron vallas metálicas y una puerta; en respuesta, fueron replegados por policías que usaban equipo antimotín.

Felipe de la Cruz, vocero del movimiento, señaló que la protesta obedece a la exigencia al Gobierno Federal para que permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) abrir los cuarteles del Ejército y entrevistas a los mandos militares que estuvieron presentes la noche del 26 de septiembre pasado, cuando desaparecieron los estudiantes.

Tras minutos de gritos y tensión, y luego de que los policías militares dispararan gases al aire para disipar a los activistas, los padres decidieron enfilarse hacia el centro de Iguala, donde está el ayuntamiento que destruyeron como parte de sus propuestas, mismo que está en reparación, para concluir la actividad con un mitin.

Los inconformes recordaron que casi se cumple un año sin que la Procuraduría General de la República (PGR) les diga con claridad dónde están sus hijos, y coincidieron en que es una falsedad todo lo que les han dicho hasta ahora. Consideran que sólo los expertos de la CIDH les podrán dar mayores datos de los desaparecidos.

El Universal

México

ONU advierte posibles crímenes de lesa humanidad por desapariciones en México

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Ciudad de México.— El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada advirtió que la magnitud y los patrones de desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que generó el rechazo del Gobierno federal, que calificó el informe como tendencioso y carente de rigor jurídico.

De acuerdo con el organismo, México concentra el 38 por ciento de las acciones urgentes a nivel mundial en esta materia, con 819 casos registrados entre 2012 y febrero de 2026. En ese periodo se suman 40 nuevas solicitudes presentadas en los últimos cinco meses. El comité también señaló la existencia continua de fosas clandestinas, en las que se han localizado más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, la mayoría sin identificar.

El informe precisa que no hay evidencia de una política federal deliberada para llevar a cabo desapariciones; sin embargo, advierte que algunos casos apuntan a la participación o complicidad de funcionarios públicos con grupos delictivos.

En respuesta, el Gobierno mexicano, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, sostuvo que el documento omite los avances institucionales y reformas impulsadas en la actual administración. Además, señaló que el análisis se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que no refleja la situación actual del país.

Las autoridades también criticaron que el comité no consideró información actualizada enviada el 27 de marzo y denunciaron un posible conflicto de interés, al señalar que al menos uno de los redactores del informe ha colaborado con organizaciones que han litigado contra el Estado mexicano.

El Gobierno reiteró que no se toleran ni se ordenan desapariciones en el país.

La solicitud del grupo de expertos fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de que sea remitida de manera urgente a la Asamblea General para determinar posibles acciones de apoyo. Hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones al respecto.

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