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México

‘Se equivocaron’ en la SCJN al suspender el tope de salarios

Los impartidores de justicia en México están siendo injustos y “deshonestos” al suspender la aplicación de la ley que prohíbe que ningún funcionario público puede ganar más que el Ejecutivo Federal, 108 mil pesos mensuales, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se equivocaron porque no están viendo la nueva realidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, se olvidan de Juárez, deberían de quitar el retrato del presidente Juárez de la Suprema Corte de Justicia, porque Juárez decía que los funcionarios tenían que aprender a vivir en la justa medianía ¿entonces para qué tienen a Juárez ahí?”, dijo en entrevista este sábado.

Al arribar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde arrancará el programa de “rescate” al sector energético durante su gobierno, aseveró que, una vez que el ministro Alberto Pérez Dayan admitiera a trámite una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición sobre la Ley de Federal de Remuneraciones, el poder judicial no está siendo “sensible” de la brecha de altos salarios y la pobreza en el país.

Sin embargo, aseguró que, a diferencia del Poder Judicial, el Ejecutivo sí se apegará a lo que dice el artículo 127 de la Constitución que establece que ningún funcionario puede recibir más salario de lo que obtiene presidente de la República, y confío que así suceda en el Legislativo “pues a final de cuentas ellos aprobaran el Presupuesto (2019)”.

“Nosotros (el Ejecutivo) nos vamos a ajustar a eso, y creo que va a ser lo mismo el Legislativo. En el caso del Poder Judicial si ellos mismos resuelven que van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos hasta de 600 mil pesos mensuales están dando un mal ejemplo de quienes deberían de impartir justicia. No es posible que haya funcionarios públicos en el país, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mis pesos mensuales, es una ofensa al pueblo de México un acto de deshonestidad; esos que obtienen esos sueldos no son gente honesta, ni es sensible ni son partidarios de verdad de la justicia”, dijo.

López Obrador rechazó que la determinación en la SCJN fuera una afrenta entre poderes del Estado, por lo que dijo esperarán la resolución en la Corte, pero mientras tanto “no se puede quedar callado”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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