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Se han arrestado poco más de 210 extorsionadores desde abril de 2011

El delito de extorsión ha sido más complicado eliminarlo, debido a que los delincuentes lo hacen de manera secreta, directa, amenazante y ahora a través de terceros, reconoció la Fiscalía General del Estado (FGE).

Carlos González Estrada, vocero de la dependencia, agregó que a esto se suma la falta de denuncia por parte de los afectados.

Dijo que se ha detectado que quienes mantienen este tipo de actividades son miembros de bandas que no pudieron ser arrestados, y ante la detención de sus compañeros, toman el lugar que dejaron, para mantener vigente el cobro de piso.

Precisó que de abril de 2011 al 24 de julio se han arrestado a 210 personas y con ello se han desarticulado 86 bandas.

Personal de la FGE, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que a pesar de existir la pena vitalicia, los extorsionadores deciden correr el riesgo ante las grandes cantidades de dinero que recolectan semanalmente.

La fuente indicó que cuando llegan a ser detenidos los presuntos responsables, deciden quedarse callados y no delatar a sus cómplices.

Muchos de los que no logran caer, van a seguir con el negocio ilícito y tienen la esperanza de que desde la cárcel puedan asesorarlos para obtener parte de esas ganancias, explicó el testimonio anónimo.

Por su parte, González Estrada indicó que se han presentado casos de personas que viendo la oportunidad de ganarse unos cuantos pesos, deciden pedir a través de la amenaza por teléfono, dinero a conocidos y hasta familiares, tal y como sucedió con el caso del sobrino del maestro universitario que vio la oportunidad de obtener una ganancia rápida.

De acuerdo con cifras del fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Jorge González Nicolás, por lo menos dos mil negocios han dejado de pagar la “cuota” con la detención y supuesta desintegración de bandas de “cobracuotas”.

En los registros de la FGE se tienen documentadas las querellas del mes de enero por el delito de extorsión que alcanzaron las 11, para febrero fueron nueve, en marzo 11, en abril 12, en mayo ocho y en junio nueve.

En los primeros seis meses de este 2012 han acudido a presentar su querella 60 víctimas de este ilícito.

El coordinador de la Mesa de Seguridad del Programa “Todos Somos Juárez”, Arturo Valenzuela, dijo que además de las denuncias registradas ante la FGE por este delito, existe un número no cuantificado de víctimas que prefieren no denunciar.

Expresó que en muchos de estos casos, las personas deciden pagar por protección y consideran que el servicio que se les da es más efectivo que el que pueden dar las propias autoridades.

Dijo que muchos de los comerciantes, al pagar la cuota, evaden el pago de servicios y otras obligaciones fiscales.

González Estrada aseguró que la única forma de acabar con este problema radica en la voluntad de los ciudadanos de denunciar.

Por ello, mantienen disponible el número telefónico 089 y las propias instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que presenten su querella ante el Ministerio Público.

“La Fiscalía tiene que seguir trabajando para desterrar este delito, pero para ello se requiere de la denuncia”, explicó.

Agregó que pese al combate, siguen saliendo más extorsionadores y para detenerlos se requiere del apoyo de la comunidad.

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Ejecutan a abogado frente a la Fiscalía en Juárez; iba a defender a integrantes de “Los Aztecas”

Un ataque armado a plena luz del día sacudió este domingo la zona norte de Ciudad Juárez, cuando el abogado penalista Óscar Gael Cano fue asesinado a escasos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE), minutos después de haber acudido a ejercer la defensa de dos presuntos miembros de la pandilla criminal “Los Aztecas”.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que Cano se presentó por la mañana en las instalaciones de la FGE para formalizar su intervención legal en favor de dos de los cinco detenidos implicados en el asesinato de una joven, crimen ocurrido el pasado sábado y que ha causado conmoción en la comunidad fronteriza.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque ocurrió al salir del edificio, en una zona donde la actividad dominical era mínima. Sujetos armados interceptaron al abogado y le dispararon a corta distancia, dándose a la fuga de inmediato. Hasta ahora no se ha precisado cuántos disparos recibió la víctima ni si hubo testigos directos del crimen.

“Fue un ataque directo y claramente dirigido”, indicó el fiscal Jáuregui Moreno, quien también dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado localizó uno de los vehículos presuntamente utilizados por los agresores para escapar de la escena. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la detención de ningún sospechoso.

El asesinato ocurre en un contexto de creciente tensión en la frontera norte, donde organizaciones criminales como “Los Aztecas” mantienen una presencia activa y han sido vinculadas a diversos hechos violentos, principalmente relacionados con el tráfico de drogas y el control territorial. La pandilla ha sido señalada en reiteradas ocasiones por su participación como brazo armado del Cártel de Juárez.

El crimen contra Cano reaviva también las alarmas sobre la seguridad de los defensores legales, en un estado donde ejercer la abogacía en materia penal puede representar un riesgo mortal. Organismos defensores de derechos humanos y asociaciones de abogados han exigido, en otros casos, que se refuercen los protocolos de protección para quienes intervienen en procesos ligados al crimen organizado.

Las autoridades estatales han asegurado que no habrá impunidad y que se están analizando todas las líneas de investigación. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para esclarecer este homicidio y llevar a los responsables ante la justicia”, aseguró el fiscal.

La Fiscalía no ha informado si el asesinato del abogado afectará los procesos legales en curso contra los detenidos por el feminicidio, aunque fuentes internas señalan que ya se está asignando nueva defensa para los imputados.

Ciudad Juárez suma así otro episodio más de violencia ligada al sistema de justicia penal, mientras la ciudadanía sigue a la espera de resultados concretos en materia de seguridad.

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