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México

Se mantendrán Afores con la condición de que bajen costo de administración: AMLO

El sistema actual de Afores se mantendrá a pesar de la reforma anunciada, con la condición de que se disminuya el costo por administrar las pensiones de los trabajadores, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, explicó que aunque en un principio se tenía la propuesta de que el Estado volviera a manejar los fondos de retiro de los trabajadores, tal y como estaba antes de la reforma hecha en el sexenio de Ernesto Zedillo, al final se optó por mantenerlas, siempre y cuando bajaran el precio de gestión al estándar internacional.

“Esto también en beneficio de los trabajadores. Cuando comenzaron las Afores, los montos que cobraban por el manejo de los fondos eran muy elevados. México era de los países en donde los trabajadores tenían que pagar más por la administración de las Afores, ahora la iniciativa establece que es estándar internacional”, sostuvo.

“De por sí ya se había logrado un acuerdo de disminución del cobro de comisiones, ya está a menos de un punto en promedio, pero va a bajar más, esto también en beneficio de los trabajadores. Por eso se decidió que continúe el sistema de Afores, pero con estos cobros, que los consideramos justos o de acuerdo a lo que se cobra en otros países, que no era así”, añadió.

Del mismo modo, el primer mandatario indicó que la reforma al sistema de pensiones no vendrá acompañada de una reforma fiscal para disminuir impuestos a empresarios o una compensación a la Iniciativa Privada por las aportaciones que darán.

“No hay ningún acuerdo en ese sentido, por eso nosotros vimos bien la propuesta del sector empresarial, porque significa que ellos son los que aumentan su participación, es decir, van a destinar más recursos para las pensiones de sus trabajadores”, dijo.

Expresó que aunque el sector privado es el que tendrá una mayor aportación, también el sector público tendrá una participación importante porque en el nuevo esquema se están incluyendo las pensiones de los adultos mayores, las cuales irán aumentando año con año como quedó establecido en la Constitución, ya que no son programas de gobierno, sino derechos adquiridos.

“De acuerdo con el artículo cuarto de la Constitución, se tienen que entregar estas pensiones, son universales y año con año se tienen que incrementar, está establecido y se empata con lo de ayer, de modo que sí es una aportación adicional que van a recibir los trabajadores”, precisó.

“Se podría decir, eso ya estaba; sí, ya se había aprobado, ya se elevó a rango constitucional lo de la pensión, pero esto termina de asegurar y así va a ir en la nueva iniciativa porque hay derechos consagrados en la Constitución que no se cumplen, que son letra muerta”, agregó.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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