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Se necesita perfil ético, no sólo político’: Presidenta del TEPJF

Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , aseguró que la autoridad no puede permitir acciones de cualquier candidato que cuestionen su ética y compromiso con la democracia.

“No todo se vale; el fin no puede ni debe justificar los medios”, dijo al emitir un voto particular contra otorgarle el pase a la boleta a Jaime Rodríguez, y de darle diez días a Armando Ríos Piter para que se revisen todos sus apoyos.

“A ese cargo, se presupone, aspiran quienes tienen el perfil no sólo político, sino ético, para aspirarlo, alcanzarlo y desempeñarlo”, sostuvo.

En tanto, entrevistado por Yuriria Sierra para Imagen Televisión, El Bronco rechazó que su entrada a la contienda electoral sea para declinar a favor de otro candidato.

“En una elección no todo se vale”

La magistrada Otálora Malássis afirma que los candidatos deben llegar libres de cuestionamientos a su ética.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malássis, aseguró que las autoridades electorales no pueden permitir acciones de cualquier candidato que cuestionen su ética y compromiso con la democracia, pues en una elección o captación de apoyo “no todo se vale, el fin no puede, ni debe justificar los medios”, al emitir un voto particular en el caso de Armando Ríos Piter a quien, dijo el INE, se le encontraron 811 mil 699 firmas con simulaciones, 88 mil 183 fotocopias y seis mil 265 credenciales no válidas.

La magistrada votó en contra de otorgarle el pase a la boleta a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y de darle 10 días a Armando Ríos Piter para que revise todos sus apoyos y acredite que cumple los requisitos.

A este voto particular se sumaron los magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata, que también votaron en contra.

Al exponer sus argumentos, la magistrada se refirió a los dos asuntos y dijo que “las y los aspirantes a candidatos independientes están sometidos a las reglas referidas sobre la forma de obtención del apoyo ciudadano. La consecuencia de su incumplimiento es evidente, no pueden alcanzar el registro de su candidatura y, por lo tanto, no logran un lugar en la boleta electoral.

Las autoridades electorales no pueden pasar por alto actos que denoten cualquier tipo de incumplimiento en las normas aplicables a los procesos electorales, por ello me parece que en estos casos la determinación del Instituto ha sido la adecuada”.

Agregó que las autoridades judiciales y administrativa “no podemos permitir que quienes aspiren a cualquier candidatura para ocupar un cargo de representación popular, de un inicio realicen acciones que cuestionen su ética y su compromiso con la democracia.

“Por ello hay que recordar que el INE ha dado cuenta de aspirantes que obtuvieron apoyos sin necesidad de recurrir a algún tipo de acto cuestionable”.

Apuntó que nuestro país vive un momento histórico en el que por primera vez habrá candidaturas independientes a la Presidencia “y a ese cargo se presupone aspiran quienes tienen el perfil no sólo político sino ético para aspirarlo, alcanzarlo y desempeñarlo”.

“En una elección o en proceso de captación de apoyo ciudadano no todo se vale, el fin no puede y no debe justificar los medios”, argumentó.

Al concluir su participación, la magistrada Janine Otálora subrayó que “me hubiera gustado votar a favor de estos dos proyectos que sometieron a nuestra consideración, porque esto hubiera querido confirmar que había elementos que acreditaban la autenticidad de los apoyos ciudadanos que recibieron estos dos aspirantes.

Y me hubiera gustado votar a favor porque creo que las candidaturas independientes son importantes y creo en la diversidad de las opciones políticas que fortalecen la calidad de la democracia. Pero ante una ponderación de diversos bienes jurídicos, mantengo mi voto en contra, emitiendo un voto particular.”

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón explicó que el otorgamiento de una candidatura a la Presidencia, así como las consecuencias que de ese carácter emanan, como es el acceso a las prerrogativas, “requiere tener absoluta certeza sobre la autenticidad y legalidad del respaldo de la ciudadanía que se obtiene para justificar el registro, así considero que el cumplimiento del requisito en cuestión no puede partir de una presunción.

Al anunciar su voto en contra, agregó que el Tribunal debía “contribuir a genera los incentivos que inhiban prácticas que pudieran constituir un retroceso democrático en una figura como las candidaturas independientes, que teóricamente tendría que fortalecer la democracia y la competencia electoral.”

En tanto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se apartó de la propuesta porque, a su juicio “sí se garantizó el derecho de audiencia al postulante, pero el actor decidió no ejercerlo de manera oportuna en una de las fases.”

El magistrado añadió que no compartía la consideración de reparar el daño con la orden al INE de dar por acreditado que Jaime Rodríguez alcanzó el umbral de apoyo y consideró que “aun en el supuesto que no comparto que fuera necesario reparar su derecho, jurídicamente yo no tendría el alcance de tener por acreditado el requisito del umbral, sino en su caso, volver a verificar los apoyos registrados.”

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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