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Se necesita perfil ético, no sólo político’: Presidenta del TEPJF

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Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , aseguró que la autoridad no puede permitir acciones de cualquier candidato que cuestionen su ética y compromiso con la democracia.

“No todo se vale; el fin no puede ni debe justificar los medios”, dijo al emitir un voto particular contra otorgarle el pase a la boleta a Jaime Rodríguez, y de darle diez días a Armando Ríos Piter para que se revisen todos sus apoyos.

“A ese cargo, se presupone, aspiran quienes tienen el perfil no sólo político, sino ético, para aspirarlo, alcanzarlo y desempeñarlo”, sostuvo.

En tanto, entrevistado por Yuriria Sierra para Imagen Televisión, El Bronco rechazó que su entrada a la contienda electoral sea para declinar a favor de otro candidato.

“En una elección no todo se vale”

La magistrada Otálora Malássis afirma que los candidatos deben llegar libres de cuestionamientos a su ética.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malássis, aseguró que las autoridades electorales no pueden permitir acciones de cualquier candidato que cuestionen su ética y compromiso con la democracia, pues en una elección o captación de apoyo “no todo se vale, el fin no puede, ni debe justificar los medios”, al emitir un voto particular en el caso de Armando Ríos Piter a quien, dijo el INE, se le encontraron 811 mil 699 firmas con simulaciones, 88 mil 183 fotocopias y seis mil 265 credenciales no válidas.

La magistrada votó en contra de otorgarle el pase a la boleta a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y de darle 10 días a Armando Ríos Piter para que revise todos sus apoyos y acredite que cumple los requisitos.

A este voto particular se sumaron los magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata, que también votaron en contra.

Al exponer sus argumentos, la magistrada se refirió a los dos asuntos y dijo que “las y los aspirantes a candidatos independientes están sometidos a las reglas referidas sobre la forma de obtención del apoyo ciudadano. La consecuencia de su incumplimiento es evidente, no pueden alcanzar el registro de su candidatura y, por lo tanto, no logran un lugar en la boleta electoral.

Las autoridades electorales no pueden pasar por alto actos que denoten cualquier tipo de incumplimiento en las normas aplicables a los procesos electorales, por ello me parece que en estos casos la determinación del Instituto ha sido la adecuada”.

Agregó que las autoridades judiciales y administrativa “no podemos permitir que quienes aspiren a cualquier candidatura para ocupar un cargo de representación popular, de un inicio realicen acciones que cuestionen su ética y su compromiso con la democracia.

“Por ello hay que recordar que el INE ha dado cuenta de aspirantes que obtuvieron apoyos sin necesidad de recurrir a algún tipo de acto cuestionable”.

Apuntó que nuestro país vive un momento histórico en el que por primera vez habrá candidaturas independientes a la Presidencia “y a ese cargo se presupone aspiran quienes tienen el perfil no sólo político sino ético para aspirarlo, alcanzarlo y desempeñarlo”.

“En una elección o en proceso de captación de apoyo ciudadano no todo se vale, el fin no puede y no debe justificar los medios”, argumentó.

Al concluir su participación, la magistrada Janine Otálora subrayó que “me hubiera gustado votar a favor de estos dos proyectos que sometieron a nuestra consideración, porque esto hubiera querido confirmar que había elementos que acreditaban la autenticidad de los apoyos ciudadanos que recibieron estos dos aspirantes.

Y me hubiera gustado votar a favor porque creo que las candidaturas independientes son importantes y creo en la diversidad de las opciones políticas que fortalecen la calidad de la democracia. Pero ante una ponderación de diversos bienes jurídicos, mantengo mi voto en contra, emitiendo un voto particular.”

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón explicó que el otorgamiento de una candidatura a la Presidencia, así como las consecuencias que de ese carácter emanan, como es el acceso a las prerrogativas, “requiere tener absoluta certeza sobre la autenticidad y legalidad del respaldo de la ciudadanía que se obtiene para justificar el registro, así considero que el cumplimiento del requisito en cuestión no puede partir de una presunción.

Al anunciar su voto en contra, agregó que el Tribunal debía “contribuir a genera los incentivos que inhiban prácticas que pudieran constituir un retroceso democrático en una figura como las candidaturas independientes, que teóricamente tendría que fortalecer la democracia y la competencia electoral.”

En tanto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se apartó de la propuesta porque, a su juicio “sí se garantizó el derecho de audiencia al postulante, pero el actor decidió no ejercerlo de manera oportuna en una de las fases.”

El magistrado añadió que no compartía la consideración de reparar el daño con la orden al INE de dar por acreditado que Jaime Rodríguez alcanzó el umbral de apoyo y consideró que “aun en el supuesto que no comparto que fuera necesario reparar su derecho, jurídicamente yo no tendría el alcance de tener por acreditado el requisito del umbral, sino en su caso, volver a verificar los apoyos registrados.”

Excelsior

Política

Expone Oscar Avitira daños estructurales en viviendas de Ciudad Juárez por operaciones de extracción de empresa ASPA

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• Se han visto afectadas colonias de la zona poniente cerca de Camino Real, como los Ojitos y las aledañas a la Sierra de Juárez

Ciudad Juárez, Chih., 9 de febrero de 2026. – El diputado, Oscar Avitia Arellanes, denuncio la problemática que viven los vecinos de la zona poniente en Ciudad Juárez quienes fueron afectados derivado de las operaciones de la empresa Asfaltos y Pavimentos de Juárez (ASPA) quienes han realizado voladuras con explosivos, durante años, lo que ha generado daños estructurales en las viviendas de los vecinos de dicha área fronteriza.

El legislador explicó que las operaciones de la empresa ASPA, que se ubica a un costado del Camino Real, a la altura de la Colonia los Ojitos, se relacionan con la industria de la construcción de vías terrestres, carreteras, pavimentación, urbanización, terracerías, entre otros; y desde finales de 2021, ha realizado voladuras con explosivos en sus operaciones de extracción de materiales en la zona poniente, cerca de la Sierra de Juárez.

“Un caso emblemático ocurrió en diciembre de aquel año, cuando una detonación de aproximadamente 125 kilogramos de explosivos generó ondas de choque, dejando consigo daños estructurales en viviendas y otro tipo de edificaciones de la colonia los Ojitos, así como en áreas aledañas”, dijo.

Oscar Avitia, señaló que estos hechos no han quedado en el pasado ya que las quejas persisten, las vibraciones regresan una y otra vez, y en las últimas semanas los vecinos han vuelto a sentir el estruendo que les roba la paz, el sueño y la seguridad.

“No se trata de un incidente aislado, sino de una amenaza recurrente que pone en riesgo la vida de niñas, niños y familias enteras quienes ven vulnerados sus derechos”, enfatizó.

Como parte de dicho acuerdo, esperamos contar con el respaldo de las distintas fuerzas políticas a fin de hacer a las siguientes autoridades para los siguientes fines:

? A la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para verificar el cumplimiento estricto de normas federales en el manejo y uso de explosivos por parte de ASPA.
? A la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), para evaluar impactos en la salud pública posiblemente derivados de las operaciones de dicha empresa.
? A la Dirección de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez, para inspecciones técnicas urgentes y evaluación de riesgos estructurales en viviendas afectadas.
? A la Dirección de Ecología del Municipio, para supervisar emisiones de ruido, vibraciones y otras.
? A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para revisar autorizaciones ambientales y aplicar sanciones si es que proceden.
? A la Fiscalía General del Estado para otorgar a quienes interpongan su denuncia, facilidades y seguimiento a fin de garantizar la reparación integral del daño.

Finalmente, Oscar Avitia exigió prioridad absoluta en la protección de la vida y el patrimonio de las familias juarenses, ya que ninguna actividad económica debe realizarse a costa de la seguridad de las y los juarenses.

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