La modelo argentina Nadinne Bruna, que vive en Miami (Estados Unidos), parece que tener un rostro y un cuerpo bonito no le era suficiente: ella quería tener ojos grises. Lo ha conseguido, pero ahora tiene la visión de una persona de 90 años tras sufrir complicados efectos secundarios después de una cirugía plástica en Colombia.
Bruna reveló que en 2016 le colocaron implantes de silicona en los ojos, un procedimiento que está prohibido en Estados Unidos. Poco después comenzó a sentir una inflamación crónica, picor y ahora tiene la visión de una persona de la tercera edad.
La joven, de 32 años nacida en Buenos Aires, asegura que los problemas surgieron por una negligencia del cirujano que la operó en Bogotá ya que, según ella, empezó a sufrir molestias desde el primer día tras la intervención.
«La inflamación empeoró, un mes más tarde empecé a tener fotofobia crónica y cuando lo llamé aterrorizada porque no tenía seguro médico en EEUU, me dijo que no podía sacar los implantes en ese momento. Tuve que esperar de seis a siete meses para considerar esa opción y me hizo esperar todo el tiempo. Y cuando voy a Colombia en condiciones deplorables, decidió arreglarlos de nuevo porque si los quitaba yo necesitaría un trasplante, pero que no podía hacerlo porque no era colombiana. ¡Y fue aún peor!», contó Bruna, según informó ‘El Nuevo Herald’.
Al parecer, la modelo desconocía los diferentes riesgos de someterse a ese tipo de operación. Más tarde tuvo que acudir al Hospital Bascom Palmer en Miami, para que le extrajeran los implantes.
«Hoy, con daños crónicos e irreversibles, ya he pasado ocho cirugías y estoy en rehabilitación yendo a una clínica para ciegos tres veces por semana donde me enseñan a vivir una nueva vida. ¡No se toquen los ojos! ¡No arriesguen algo que no se puede reparar! ¡Yo no lo sabía, pero ahora lo sé! ¡Y voy a prevenir al mundo entero de esta arma de doble filo!», escribió Bruna en su cuenta de Instagram.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.
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