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México

Se prenden focos rojos en cinco entidades

Los focos rojos del país se concentran en cinco entidades federativas, cuyo crecimiento de la cartera vencida en los últimos seis años merma la dinámica de la actividad económica; además, se suma el escenario endeble del mercado laboral, la perspectiva Negativa de las calificadoras y, en algunos casos, una gestión cuestionable.

En este contexto de zozobra se encuentran Veracruz, Chihuahua, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

Del cierre de junio del 2010 a igual lapso de este año Campeche es la entidad con la mayor tasa de crecimiento de la deuda, con una variación de 3,384.9%; los otros territorios presentaron aumentos superiores a 200%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), detalló que las entidades referidas vieron a la deuda como un mecanismo para aumentar su gasto e inversión pero en algunos casos no les ha dado muy buenos resultados.

“Al final del día los criterios que cada estado sigue en uso de su soberanía les han llevado a pretender generar crecimiento en función de deuda, lo que hay que observar en el mediano plazo es si realmente tienen la capacidad para poder enfrentar esos créditos”.

Campeche, con rezago económico

El crecimiento de 3,384.9% de la deuda de Campeche en los últimos seis años contrasta con el desempeño del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), que obtuvo una caída promedio anual de 3.2% entre el 2010 y el primer tercio del 2016.

Este comportamiento derivó de la crisis petrolera que viven las entidades dependientes del sector de hidrocarburos, donde la actividad industrial cayó 4.1 por ciento.

A esto se le agrega que el ingreso del trabajador formal sólo obtuvo un incremento de 30.5%, es decir, la deuda del estado creció 111.1 veces más que el salario de la población empleada en este mercado.

“La recesión que vive Campeche ha mermado los ingresos del sector público y su capacidad de generar gasto”, dijo el director del Idic.

Veracruz: gobierno ineficiente

En el mismo periodo de análisis, Veracruz es otro de los focos rojos a nivel nacional al presentar un bajo desarrollo de su actividad económica en los últimos seis años, con un promedio de 1.7%, donde la producción industrial cayó 0.5%; mientras en el mercado laboral el ingreso del empleado formal creció 10.6% y, asimismo, 69.61% de su población ocupada está en la informalidad.

Las obligaciones financieras de la entidad rebasan la dinámica de crecimiento de las variables citadas, con un incremento de 388.3% en seis años.

Al respecto, Hilario Barcelata Chávez, coordinador del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, comentó: “Pareciera que es una tendencia general. Si se analiza el comportamiento de la deuda de todos los estados, vamos a ver que en el 2000 hay un incremento muy importante en todos ellos, esto se debe, en buena medida, a que se abrieron nuevas opciones de endeudamiento (…) Y por supuesto tiene que ver con la actividad de los gobiernos, como en el caso de Veracruz, que fueron contratando deuda, en principio, para adelantar proyectos productivos, pero que al final de cuentas fueron recursos que se utilizaron para fines privados”.

En el caso de esta economía, aseveró que el gobierno ha sido bastante ineficiente, “independientemente de que hubiera actos de corrupción, enfrentamos un caos financiero bastante grande, porque los déficits fiscales que fueron apareciendo se fueron financiando con endeudamiento, lo cual perjudicó la inversión en infraestructura”.

Detrás del incremento de la deuda en Veracruz “hay una mala administración y mucha corrupción”; lo que permite esto es un factor de orden político en la medida en la que los gobernadores que tienen control en los congresos locales pueden abusar más del financiamiento, acotó.

Chihuahua, fuertemente endeudada

En seis años la economía de Chihuahua aumentó a tasa anual promedio 3.9% y el ingreso del trabajador formal 3.5%, que significó que la deuda del estado, con una variación de 217.4%, creciera 55.7 veces más que la actividad económica y 62.5 veces más que el salario de un empleado.

Sobre esta situación, Isaac Leobardo Sánchez Juárez, profesor e investigador de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, explicó que la actividad económica de Chihuahua está prácticamente impulsada por la economía de Estados Unidos: “Una buena parte de las plantas maquiladoras es de origen estadounidense, por lo que la recuperación de ese país representa un dinamismo relativo en Chihuahua”.

Sin embargo, manifestó que es preocupante el nivel de endeudamiento porque no es claro el uso que se le da a esa deuda pública adquirida: “Lo que se observa es que hay escasez de inversión pública, o bien hay obra pública pero es de mala calidad, frente al enriquecimiento de servidores públicos.

Economías débiles

Quintana Roo y Oaxaca, por su nivel de endeudamiento y gris actividad económica, forman parte del grupo con focos rojos.

En el caso de la primera el crecimiento de su deuda en los últimos seis años, de 311.7%, contrasta con el de su economía, de 4.9%, y la disminución de 5.0% del ingreso del trabajador formal. Mientras, Oaxaca tuvo variaciones de 166.8, 2.6 y 3.2%, respectivamente.

Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación de Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, explicó que esto tiene que ver con el mal manejo de los recursos.

 

 

Con información de El Economista 

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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