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Se pronuncia PRI Estatal a favor de familia tradicional

Esta mañana la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, sesionó para discutir el tema de los matrimonios igualitarios, donde se tomó la decisión de postergarlo para que sea la próxima legislatura quien apruebe o no dicho asunto.

Ante esto, la Dirigencia Estatal del PRI que preside el Lic. José Guillermo Dowell Delgado y la Secretaria general la Lic. Liz Aguilera García, felicitó por la determinación que tomaron los diputados del PRI a solicitud de este instituto político, postergar esta decisión es lo más responsable y este es un tema que no ha sido suficientemente discutido, es un caso muy sensible y no debe de revisarse con premura.

El PRI, como lo señala en su programa de acción, pone por delante a las familias chihuahuenses y como lo marca en su declaración de principios, atenderá la voluntad de las mayorías sin menospreciar a las minorías.

En este contexto, el Dirigente Estatal José Guillermo Dowell, manifestó que si bien hay algunos militantes que puedan estar a favor, en este momento nos queda muy claro que hay una diferencia desmedida entre los que están en contra.

“Convocaremos a nuestras diputadas de la próxima legislatura para que este tema se escuche y atienda el mandato de las mayorías, así como la voluntad de las familias chihuahuenses”, afirmó el Dirigente del Tricolor.

En otro tema, Guillermo Dowell, informó sobre las capacitaciones para diputados síndicos, alcaldes y regidores que se han dado en el PRI, “hemos dado seguimiento a estos cursos, en este momento se iniciará con los 31 alcaldes que ganaron por parte de nuestro partido, para que a través de una preparación eficaz logren bajar recursos federales para el beneficio de sus comunidades.

Detalló que el propósito de estas capacitaciones es brindarles a nuestras autoridades electas las herramientas necesarias para una mejor gestión dentro de los puestos que representarán.

Por ultimó el Presidente añadió que este viernes 30 de septiembre se definirá la Coordinación del Grupo Parlamentario del PRI, “tenemos cinco legisladoras muy valiosas, ayer se sostuvo una reunión para definir la coordinación del grupo parlamentario del PRI, sin embargo ante la ausencia de dos diputadas acordaron que defiriéramos esta reunión para el viernes y así definir quién será la coordinadora y subcoordinadora de la fracción parlamentaria del PRI”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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