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México

Se recrudece la violencia en Michoacán: 43 muertos

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Un enfrentamiento entre policías y supuestos delincuentes cobró 43 muertos, en Michoacán. Los ataques ocurrieron en el municipio de Tanhuato, situado en los límites entre Michoacán y Jalisco, dos de los estados que son fundamentales en la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto.

Entre los muertos hay 42 civiles y un policía federal, según indicó la corporación policiaca. Otro agente está herido de gravedad. Los tiroteos comenzaron desde las 9:oo horas de ayer y se prolongaron durante tres horas. Las primeras informaciones indican que un convoy de la Policía Federal mexicana fue atacado por un grupo armado supuestamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobernador interino de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, indicó que hay además otros cinco detenidos y tres heridos. Los enfrentamientos ocurrieron después de que la Policía detectara una camioneta “sospechosa”.

Jara señaló que “es muy probable” que los hombres armados que se enfrentaron a la Policía fueran sicarios del CJNG.

Michoacán es uno de los estados más convulsos de México, pero la zona donde ha ocurrido el ataque lo es todavía más. Es territorio en disputa entre Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación desde hace por lo menos cinco años, por su ubicación estratégica para el trasiego de droga.

Está a solo unos kilómetros de La Barca (Jalisco), donde se halló una de las fosas comunes más numerosas de México: al menos 78 cadáveres. Tanhuato colinda también con Yurécuaro, donde el candidato a la alcaldía Enrique Hernández fue asesinado en pleno mitin.

Tanhuato y Yurécuaro son dos municipios que comparten historia. El alcalde tanhuatense, Gustavo Garibay, murió asesinado en marzo de 2014. Había sobrevivido ya a un atentado. Garibay había denunciado las extorsiones y abusos a los que el cártel de Los Caballeros Templarios, quien controla la zona.

Enrique Hernández, el candidato a alcalde asesinado, fue uno de los líderes de las autodefensas.

Hernández fue detenido sin orden judicial y, aseguró frente a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, había sido torturado para obtener una confesión. Meses más tarde fue liberado por falta de pruebas que le vincularan al asesinato.

La ola de violencia desatada en Tanhuato y Yurécuaro refleja que la violencia en Michoacán no se concentra en la zona de Tierra Caliente, que ha sido el principal foco de atención.

Los hechos ocurren también después de que una emboscada contra 15 policías federales en la carretera entre Guadalajara y Puerto Vallarta y después de que sicarios identificados como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación organizaran una ofensiva en contra de las autoridades mexicanas en la que incluso derribaron un helicóptero militar.

Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad Pública, destacó a los elementos que participaron en la operación: “nuestro reconocimiento por seguir arriesgando su propia vida en favor de la seguridad de las y los mexicanos”.

El Gabinete de Seguridad anunció que destinó la movilización de miembros del Ejército y la Marina a la zona para recupera la seguridad. © EL PAIS, SL. Todos los derechos reservados.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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