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Se reúnen integrantes de la Comisión de Justicia con funcionarios estatales

La Comisión de Justicia presidida por la diputada del PAN Laura Mónica Marín Franco, se reunió con la Directora del Registro Civil, Inés Martínez Bernal y con el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, con la finalidad de analizar de manera conjunta iniciativas que por su naturaleza requerían de la participación de dichos funcionarios públicos.
En primera instancia se analizó la iniciativa de Decreto que busca tipificar el Sexting como un delito, ante la cual los integrantes de la Comisión, coincidieron en que desde la implementación del uso de las tecnologías, así como de las redes sociales, se lesiona la privacidad de todos los individuos, por lo que se debe tipificar como delito en el entendido de esta palabra “sexting”, la divulgación de imágenes, videos o textos sexuales, sin el consentimiento de la víctima.
Otro punto tratado dentro de la reunión, fue el que busca reformar el Código Civil del Estado para establecer una edad mínima para contraer matrimonio; en la cual se externaron diferentes puntos de vista, incluso mencionaron algunos factores que dificultan establecer una edad ideal para contraer matrimonio.
En su participación, la Directora del Registro Civil, señaló que uno de los principales problemas con que se han topado, son los usos y costumbres de los pueblos indígenas que habitan en el estado, ya que para ellos la mayoría de edad en las mujeres es cuando ellas solas puedan realizar las labores de un hogar.
Por último, analizaron el tema de los embarazos en las menores de edad, ya que para algunos, se debe contraer matrimonio para brindar al recién nacido el derecho a una familia, sin embargo para otras personas no se necesita que los padres hayan contraído matrimonio, pues mencionaron que el forzar esta unión legal genera un alto índice de divorcios, así como violencia intrafamiliar.
Ante todas las participaciones, la presidenta de la Comisión mencionó que su postura fue imparcial, ya que el objetivo de la reunión era escuchar y analizar las diferentes posturas de los expertos en los temas señalados, para con ello, poder tomar una decisión y estar en la posibilidad de emitir los dictámenes correspondientes con consideraciones bien fundamentadas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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