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Seagal expresa actitud seria a puesto de relaciones humanitarias con EEUU

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Este domingo el actor Steven Seagal expresó su actitud seria sobre el puesto de representante especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para las relaciones humanitarias ruso-estaduunidenses.

En su cuenta de Twitter, Seagal escribió que estaba profundamente halagado y honrado por el nombramiento. Además, el actor expresó su esperanza de que «podremos esforzarnos por lograr paz, armonía y los resultados positivos en el mundo» y agregó que «toma muy seriamente este honor».
El actor estadunidense, que desde 2016 tiene la nacionalidad rusa, fue nombrado por el gobierno de Moscú emisario para las relaciones humanitarias con Estados Unidos, anunció el sábado la diplomacia rusa.

«Steven Seagal fue nombrado representante especial del ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de las relaciones humanitarias ruso-estadunidenses», informó la diplomacia rusa en su página oficial en Facebook.

Su tarea consistirá en «asistir en el desarrollo de las relaciones ruso-estadunidense en materia humanitaria, incluida la cooperación en el terreno de la cultura y del arte», según la misma fuente.

Es un puesto similar al de «embajador de buena voluntad de la ONU» y que «no prevé una remuneración», subrayó la cancillería.

Las relaciones entre Moscú y Washington están en su peor momento desde el fin de la Guerra Fría, lastradas entre otras cuestiones por las divergencias sobre el conflicto en Siria, Ucrania o las acusaciones de injerencia rusa en las presidenciales estadunidenses de 2016, una acusación que Rusia niega.

Antigua estrella del cine de acción estadunidense y especialista en artes marciales, Seagal recibió la nacionalidad rusa por decisión del presidente Vladimir Putin en noviembre de 2016.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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