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Secretaría de Salud sancionará a #LordVacuna

La Secretaría de Salud del Estado de México sancionará, por la vía administrativa, al director del Centro Médico Adolfo López Mateos, José Rogel Romero, por promover la aplicación de la vacuna contra el covid-19 a dos de sus familiares.

La conducta del funcionario, aseguró la dependencia, primero será castigada por el órgano Interno de Control (OIC) y después dará vista a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.

Ambas dependencias se encuentran facultadas para investigaciones y castigos conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en la que se prevén sanciones que van desde la amonestación hasta la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, dependiendo de la gravedad de la falta y su reincidencia.

Los hechos fueron denunciados este martes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por la tarde-noche, la Secretaría de Salud confirmó que Rogel Romero fue vacunado porque así se había previsto, en virtud de que “su centro médico es una de las unidades hospitalarias más activas en la atención a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus y en dos ocasiones ha estado infectado”.

Empero, la dependencia dijo desconocer si también su familia fue inmunizada en el Hospital Militar de Santa María Rayón (a 15 minutos de la capital mexiquense), debido a que el registro fue operado por una empresa contratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el diseño del sistema de comunicación, y éste no les había sido proporcionado.

Empero, admitió que “a cada director se le encomendó que designara al personal de su unidad médica que recibiría el biológico”.

Esta tarde, la Secretaría de Salud estatal también se comprometió a reforzar el filtro de registro de candidatos a recibir la vacuna, con la finalidad de evitar que estas prácticas se repitan.

Toda conducta irregular por parte del sector médico y administrativo, sin importar el rango, afirmó, será sancionado en caso de incurrir en la violación de los protocolos y aplicación de vacunas a personas que aún no les corresponde.

Como parte del filtro de seguridad, comprometió la identificación precisa de cada uno de los médicos y su lugar de adscripción.

La autoridad sanitaria del Estado de México recordó que en esta primera etapa de vacunación la inmunización será sólo para el personal médico que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes afectados por el SARS-CoV-2.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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