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México

Sedena atrapa ya a más ‘narcos’ que con Peña Nieto

El Ejército mexicano ha intensificado la cantidad de arrestos de personas involucradas con el crimen organizado y el número de armas decomisadas a los narcotraficantes. Los principales golpes han sido asestados en Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Guanajuato, Jalisco y Baja California.

Mientras que en el sexenio anterior se detenía en promedio a 552 criminales cada mes, en los primeros 56 meses de la actual administración cayeron a un ritmo de 663 delincuentes, lo cual significa un incremento del 20.1 por ciento.

En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) un total de 37 mil 137 integrantes del crimen organizado, una cifra que está cerca de igualar los 39 mil 756 delincuentes arrestos ocurridos en los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con información entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el contraste entre ambos periodos también muestra una vigorización en las incautaciones de armas: pasó de 502 a 537 artefactos requisados en promedio cada mes, un aumento de 7 por ciento.

En el sexenio anterior se incautaron 36 mil 127 piezas; durante la presente administración ya van 30 mil 047.

Desde lanzacohetes hasta pistolas

En los primeros cuatro años y medio del sexenio, el Ejército mexicano incautó lanzagranadas, lanzacohetes, ametralladoras, fusiles, etc.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Sedena consigna que los principales decomisos en flagrancia, del primero de diciembre del 2018 al 23 de julio de 2023, han ocurrido en los estados de Tamaulipas (4 mil 57 armas), Michoacán (3 mil 821), Sonora (3 mil 779), Guanajuato (2 mil 986), Jalisco (mil 998), Baja California (mil 935), Zacatecas (mil 683), Guerrero (mil 658) y Chihuahua (mil 274).

El mosaico de decomisos es muy variopinto, pues esas requisas ocurren donde se presentan actividades ilícitas del Cártel del Golfo y Cártel del Noreste (Tamaulipas), Caballeros Templarios y Cártel de Jalisco Nueva Generación (Michoacán), Cártel de Sinaloa y grupos independientes (Sonora), Cártel de Jalisco y Cártel Santa Rosa de Lima (Guanajuato), CJNG (Jalisco), CJNG y los Arellano Félix (Zacatecas y Baja California).

Las entidades donde la incautación de armas es menor son Tabasco (apenas 168 decomisos en todo el sexenio), Aguascalientes (96), Yucatán (94) y Tlaxcala (80).

En el análisis estadístico, de las 30 mil armas decomisadas en lo que va del actual sexenio, en el 2018 hubo 275 incautaciones, en algunos casos son combinaciones de pistolas con escopetas, o subametralladoras con revólveres. Hay que considerar que en ese año, 2018, solo se contabilizó diciembre, el primer mes de la actual administración federal.

Durante 2019, hubo 3 mil 647 aseguramientos de armas ocupadas por civiles en flagrancia. En 2020, las fuerzas castrenses realizaron 2 mil 469 incautaciones, en estados con alta presencia criminal como Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Jalisco y Zacatecas hubo entre tres y siete armas decomisadas en un solo operativo.

Para 2021, la Sedena contabilizó 2 mil 316 requisas de armas al crimen organizado; durante 2022 el número de armas aseguradas a células criminales subió a 2 mil 630.

En el primer semestre de 2023 hubo mil 916 acciones para desarmar a personal del crimen organizado en todo el país.

Aumentan criminales detenidos

En cuanto a integrantes del crimen organizado puestos a disposición de la Fiscalía en lo que va del sexenio de López Obrador (56 meses de gobierno), las fuerzas castrenses contabilizan 37 mil 137 civiles que se entregaron al escrutinio de un juez federal. Un promedio de 663 personas por mes, considerando el lapso mencionado del gobierno.

En estados tórridos por la violencia y la alta presencia criminal, por ejemplo, Tamaulipas, el Ejército mexicano llevó a cabo 643 operativos militares donde se detuvieron civiles. De la misma manera, en Jalisco se realizaron 524 acciones donde miembros de bandas del crimen fueron puestos a disposición de un juez federal.

Por su lado, en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 39 mil 756 las personas detenidas en flagrancia criminal, que portaban armas de fuego y por tanto comparecieron ante un ministerio público federal.

En Tamaulipas, territorio dominado por el Cártel del Golfo y Cártel del Noreste, por ejemplo, hubo mil 658 operativos de detención de personas que portaban armas en la ilegalidad; ahí, en cada operativo castrense llegaron a ocurrir detenciones de grupos de entre tres a 18 personas.

En Jalisco, tierra del CJNG, el Ejército mexicano levantó 419 bitácoras de personas puestas a disposición de la FGR por portación de armas y la aseguración de estas. Aquí las detenciones fueron de entre cuatro a seis civiles por acción.

En otras palabras, durante la administración del último mandatario priista se ponían a disposición de jueces a 552 personas por mes. Más de 100 personas menos que en el actual sexenio obradorista.

La artillería pesada

En otra solicitud de información, la Sedena reporta haber incautado seis millones 496 mil 132 municiones en el periodo comprendido entre el primero de diciembre del 2018 y el primero de enero del 2023.

Las entidades donde más se requisan cartuchos son: Sonora (3 millones 772 mil municiones), Tamaulipas (836 mil 637), Michoacán (431 mil 479), Zacatecas (232 mil 490) y Jalisco (192 mil 836).

El Ejército mexicano señala que en Tamaulipas además de las 39 camionetas conocidas como “monstruos”, también se aseguró un “camión adaptado”. Estos artefactos son utilizados principalmente por el llamado Cártel del Golfo y sus distintas escisiones, pero también por el Cártel del Noreste.

Los “monstruos artesanales” son vehículos con un alto blindaje, de fabricación casera, a los cuales las distintas células del crimen organizado los camuflan a su antojo y les colocan las siglas de su organización.

Por ejemplo, en Zacatecas y San Luis Potosí, las fuerzas castrenses llevaron a cabo el decomiso de una de estas camionetas adaptadas para delinquir y atacar a sus rivales.

En Jalisco, la organización de Nemesio Cervantes Oseguera, El Mencho, ha pugnado por adaptar camiones en las zonas serranas y darles blindaje, además de adecuarles metralletas y otras armas rápidas para enfrentar a sus rivales. Aquí, el Ejército mexicano ya logró desmantelar diez de estos vehículos.

El comandante, Alfredo Salgado Vargas señaló que se fortalecerá la estrategia de seguridad pública con su llagada (Jorge Sánchez)

En Michoacán y Sonora la Sedena también actuó para, respectivamente, requisar otras seis y tres camionetas monstruo adaptadas.

Incluso en Jalisco, el Ejército arrebató a la delincuencia organizada una retroexcavadora, la cual era utilizada para cometer diversos ilícitos del fuero federal.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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