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México

Sedena debe informar sobre policías coludidos con narco desde 2006

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccion de Datos Personales (Inai) instruyó a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) a hacer una nueva búsqueda del número de policías federales, estatales y municipales puestos a disposición del Ministerio Público y heridos o abatidos en enfrentamientos contra el crimen organizado desde 2006.

Lo anterior, luego de que el instituto revocó la respuesta de la dependencia federal a la solicitud de información de un particular, que pidió conocer el número de policías federales, estatales o municipales heridos por elementos de la Sedena en esos enfrentamientos.

Pidió que toda la información se entregue desagregada por municipio, estado, mes y año, sin embargo, el sujeto obligado respondió que el Estado Mayor de la Sedena no localizó registro o documento que pudiera dar respuesta a esa solicitud, por lo que el ciudadano interpuso un recurso de inconformidad ante el Inai.

Al presentar el caso en sesión pública, el comisionado presidente, Javier Acuña Llamas, refirió que el solicitante no pidió nombres de las personas que perdieron la vida, fueron puestas a disposición o resultaron lesionadas por el intercambio de fuego o de alguna otra forma de confrontación entre efectivos del Ejército y elementos encargados de la seguridad pública en diversas zonas del país.

Resaltó que el particular apoyó su solicitud con boletines de prensa emitidos por la Sedena, que al entrar al estudio del asunto fueron analizados por el instituto y señalaban el número de individuos armados detenidos vinculados con el cártel de los Beltrán Leyva, en Guerrero, entre otros datos.

Se observa que, como consecuencia de la contestación al ataque efectuado por diversas personas contra los elementos de la Defensa, se concluyó que entre los occisos se identificaron los cuerpos de dos policías municipales, quienes al momento de la agresión brindaban protección a los presuntos delincuentes”, expuso.

Con base en lo anterior, “es posible asegurar que elementos de la Sedena han intervenido en actos cuya consecuencia ha sido la detención, la puesta a disposición y la de lesionados de elementos de seguridad federal, estatal o municipal”.

Del estudio, destacó, se desprende que el sujeto obligado no turnó el requerimiento informativo a las zonas militares de la dependencia ni a todas las unidades administrativas competentes, por lo que pidió revocar la respuesta e instruirle a hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus áreas, y entregar al solicitante la información requerida.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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