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SEDENA equipa a feministas.

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Ciudad de México.– La protestas feministas son clasificadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como antagonistas de la seguridad pública de la Ciudad de México, una categoría bajo la que también se coloca a las agrupaciones delincuenciales.

El reporte «Agenda Social y Delincuencial de la Ciudad de México», contenido dentro de los documentos hackeados por el grupo Guacamaya, divide el antagonismo a la seguridad pública en dos grupos: el del activismo delictivo, -donde se ubica a grupos como carteles del narcotráfico- y el activismo social, del que enfatiza a los colectivos feministas, a los que califica como «sumamente radicales».

«Las acciones radicales de las diversas organizaciones sociales que acuden a esta jurisdicción son marchas, bloqueos viales y de ingreso a Palacio Nacional para la consecución de sus demandas», indica.

«El activismo en esta Ciudad de parte de colectivos feministas se ha tornado sumamente radical, realizando pintas a monumentos emblemáticos, agresiones contra hombres en sus protestas, así como robo a diversos comercios y destrozos de los mismos, con el fin de exigir medidas contra la violencia de género».

De 10 movilizaciones realizadas entre 2019 y 2020 que el informe destaca, 9 corresponden a protestas de colectivos feministas y una a la marcha de estudiantes en conmemoración por el movimiento estudiantil de 1968.

Como antecedente de la movilización de colectivas feministas, la Sedena refiere a los feminicidios de Lesvy Berlín, la agresión sexual a una adolescente por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y al aumento en los índices de violencia en contra de las mujeres.

«Los principales grupos que comenzaron sus protestas han incrementado sus movilizaciones y cada vez se han tornado más violentas, transformando sus formas de presión, siendo los colectivos anarquistas los más violentos, causando daños a inmuebles, monumentos, vías de comunicación y contra policías y transeúntes», advierte.

La Sedena identifica a 15 grupos de mujeres, los cuales tienen presencia tanto en la Capital como en el país.

México

Diputados aprueban semana de asueto tras choques entre bancadas

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Tras celebrar únicamente dos días de sesiones, los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán un periodo de asueto de siete días, luego de que la Junta de Coordinación Política avalara suspender actividades del pleno hasta el próximo 10 de febrero.

Durante las sesiones realizadas, el pleno se concentró en actos de carácter protocolario, como la instalación del Congreso General, el envío a comisiones de diversos informes institucionales y la conmemoración de la Constitución de 1917. También se presentó una ronda de iniciativas que no contempló reformas constitucionales, así como una efeméride con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

El desarrollo de los trabajos legislativos estuvo marcado por confrontaciones entre las distintas bancadas. Entre los temas que generaron mayores tensiones se encontró la tragedia del Tren Interoceánico, así como la solicitud de un minuto de silencio por víctimas en Venezuela. Esta última propuesta fue cuestionada por legisladores que pidieron que el homenaje se destinara a casos nacionales, como el de la Guardería ABC.

A lo largo de la sesión, la Mesa Directiva emitió llamados para frenar los señalamientos y reconducir el debate por las vías institucionales. Sin embargo, las diferencias entre los grupos parlamentarios persistieron y no fue posible alcanzar consensos, por lo que la jornada concluyó en medio de acusaciones cruzadas.

Al momento de clausurar los trabajos, se confirmó que el pleno reanudará actividades legislativas hasta el 10 de febrero. Durante la semana de asueto, únicamente dos comisiones continuarán sesionando, sin que se precisaran mayores detalles sobre los temas a tratar.

De esta manera, aunque el calendario legislativo no contemplaba un puente largo por la conmemoración de la Constitución, los diputados acordaron intercambiarlo por una semana completa sin sesiones ordinarias, lo que pospone la discusión de otros asuntos pendientes en la agenda legislativa.

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