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Sedena pagará casi 22 mdp por escultura de Felipe Ángeles para nuevo aeropuerto

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) pagará cerca de 22 millones de pesos por la escultura monumental del general Felipe Ángeles que se instalará en la entrada del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con el diario El Universal, en el contrato se detalla que para esta obra, de más de 10 metros de altura y 20 toneladas de peso que se ubicará a la entrada del aeropuerto, el Ejército Mexicano pagará a la escultora Edysa Ponzanelli 21 millones 983 mil 577 pesos.

Dicho monto se liquidará en cuatro pagos realizados entre 2021 y 2022 con un anticipo del 35% del monto total adjudicado, es decir, 7 millones 694 mil 252.16 pesos.

Edysa Ponzanelli le ha creado esculturas gobierno federal y para diversas administraciones locales; algunas de sus obras son la escultura del cantautor Juan Gabriel en el puerto de Acapulco, y la del expresidente Miguel Alemán que se encuentra en el Calzada de los Presidentes, en la antigua Residencia Oficial de Los Pinos.

Se prevé que el aeropuerto sea inaugurado el 21 de marzo de 2022.

En el contrato SDN/DN8/AIFA/12920-F11/2021-AD-001 se detalla que la escultura del general revolucionario será de bronce fundido y que el autor entregará la obra con un revestimiento de poliuretano transparente para protegerla y preservar el efecto de pátina de la estatua.

“El proveedor debe entregar la escultura colocada en la rotonda que comunica las vías externas de la terminal de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con fecha límite del 9 de marzo de 2022, junto con cualquier otra documentación que se haya generado con motivo de la firma de este contrato”, detalla el convenio.

El documento firmado indica que “todos los gastos, impuestos, derechos, seguro, el embalaje, transporte, carga, descarga, izado, montaje, colocación y/o cualquier otro gasto adicional derivado de la entrega de la escultura al domicilio de la obra corre por cuenta y riesgo del artista”.

Ponzanelli, señalado en el acuerdo, también tendrá la escultura terminada el 9 de marzo de 2022 como fecha límite para la entrega, unas semanas antes de que el presidente inaugure el nuevo aeropuerto.

Cabe recordar que en 2020, el escultor Pedro Ramírez Ponzanelli pagó sus impuestos en especie al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una escultura y un busto del presidente Andrés Manuel López Obrador, elaborado en bronce y granito.

Y que otro miembro de la familia, Óscar Ponzanelli, anunció que a través de la asociación de músicos, locutores y artistas “Realidades en mi Mundo Mágico, A.C.” realizaría una estatua de bronce del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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