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México

Regaña Segob a Silvano Aureoles por entrometerse en elecciones de EU

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación le expresó a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, su desacuerdo con el mensaje en el que llamó a los migrantes mexicanos a no votar por el republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre próximas.

Por ello, la titular de Segob exhortó a Silvano Aureoles, “como responsable de la política interior, a conducir su actuar como servidor público del Estado mexicano a los preceptos constitucionales, al ámbito competencial que la misma establece y con respeto a la Soberanía y autodeterminación de otras naciones”.

Sánchez Cordero recordó a Aureoles Conejo que inmiscuirse en política exterior y asuntos que únicamente competen a los ciudadanos estadounidenses, constituye una violación a la Constitución; “me parece, cuando menos, extraña, la confusión que suscita en la población migrante, no sólo de su estado, sino de todos los mexicanos en el exterior, con el video que publica ayer en sus redes sociales”, expresó la titular de Segob.

Al video al que se refiere Sánchez Cordero fue el que Aureoles Conejo publicó en su cuenta de Twitter en donde hace un llamado a los migrantes a no darle su voto a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, pues se dijo preocupado por “los más de 4 millones de michoacanas y michoacanos que viven en EUA”.

El gobernador de Michoacán también dijo en el mensaje que el republicano se refirió a los migrantes mexicanos como “delincuentes y narcotraficantes. Además, pretendió ya en el poder, recortar a millones de trabajadores con las prácticas más inhumanas y denigrantes; empezando por separar a los niños de sus padres y encerrarlos en jaulas”; expresó Aureoles en la red social.
El gobernador de Michoacán ya reaccionó a la petición de la titular de Segob y le recordó “que, de manera reiterada, nuestros paisanos han sido maltratados, ofendidos y agredidos en sus derechos por Donald Trump desde que era candidato en las elecciones anteriores”, por lo que Aureoles Conejo consideró que “México debe respeto a quien respeta a México. México no le debe nada a quien lo ofende y le agrede” y aseguró que los migrantes mexicanos “no están solos”.

Fuente: La Jornada.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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