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«Seguiré dando batalla»: Aristegui acusa de aniquilamiento

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Al presentar el informe 2015 sobre libertad de prensa de Freedom House, Aristegui acusó el «aniquilamiento» de su equipo periodístico por presiones gubernamentales, cuyo objetivo es censurar a quienes denuncian la corrupción de los políticos.

La periodista Carmen Aristegui confió que la pelea ante tribunales para reanudar la transmisión de su noticiero ayude a defender la libertad de prensa en el País.

Al presentar el informe 2015 sobre libertad de prensa de Freedom House, Aristegui acusó el «aniquilamiento» de su equipo periodístico por presiones gubernamentales, cuyo objetivo es censurar a quienes denuncian la corrupción de los políticos.

«Tratamos de revertirlo, no sólo porque es nuestro espacio, sino para evitar que se convierta en un precedente fácil, en un actuación fácil sin consecuencias para quien la promovió. Es el estreno de nuevos parámetros jurídicos que nos permiten aspirar a una batalla judicial», expuso.

«Entraremos en una fase de discusión pública para repensar la relación empresa, periodistas, políticos, sociedad. Hoy la relación es disfuncional para ejercer nuestras libertades», criticó.

De acuerdo con el informe de Freedom House, México es uno de los cuatro países de América sin libertad de prensa, con el puntaje más bajo en una década, y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.

Mariclaire Acosta, directora de la organización, puntualizó que el retroceso de México responde al incremento de la violencia, así como a la intervención del poder político, la baja de la publicidad y la Ley de Telecomunicaciones.

Alertó sobre la censura de medios y periodistas como consecuencia de asesinatos, ataques a instalaciones de medios, agresiones, amenazas y autocensura por miedo, por el control de la publicidad o por el despido de periodistas.

El periodista Javier Garza advirtió sobre la documentación de 92 agresiones, incluyendo 7 homicidios de periodistas, de los cuales 5 habían sido secuestrados y desaparecidos sin que la autoridad pudiera prevenir su asesinato.

Asimismo, alertó sobre zonas en México de especial violencia, como en Veracruz, donde el asesinato de periodistas obliga a la autocensura de los medios.

José Buendía, miembro del Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas, lamentó que éste lleva dos años sin resultados, como consecuencia de una falta de voluntad política expresada por la ex subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón.

«Tenemos un grado de impunidad con más de 500 averiguaciones previas ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra periodistas, con solo 60 expedientes turnados. Solo 10 por ciento de averiguaciones han llegado a tribunales, lo cual se convierte en mejor incentivo para quienes presionan a los medios», añadió.

Fuente: El Golfo

México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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