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México

«Seguiré dando batalla»: Aristegui acusa de aniquilamiento

Al presentar el informe 2015 sobre libertad de prensa de Freedom House, Aristegui acusó el «aniquilamiento» de su equipo periodístico por presiones gubernamentales, cuyo objetivo es censurar a quienes denuncian la corrupción de los políticos.

La periodista Carmen Aristegui confió que la pelea ante tribunales para reanudar la transmisión de su noticiero ayude a defender la libertad de prensa en el País.

Al presentar el informe 2015 sobre libertad de prensa de Freedom House, Aristegui acusó el «aniquilamiento» de su equipo periodístico por presiones gubernamentales, cuyo objetivo es censurar a quienes denuncian la corrupción de los políticos.

«Tratamos de revertirlo, no sólo porque es nuestro espacio, sino para evitar que se convierta en un precedente fácil, en un actuación fácil sin consecuencias para quien la promovió. Es el estreno de nuevos parámetros jurídicos que nos permiten aspirar a una batalla judicial», expuso.

«Entraremos en una fase de discusión pública para repensar la relación empresa, periodistas, políticos, sociedad. Hoy la relación es disfuncional para ejercer nuestras libertades», criticó.

De acuerdo con el informe de Freedom House, México es uno de los cuatro países de América sin libertad de prensa, con el puntaje más bajo en una década, y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.

Mariclaire Acosta, directora de la organización, puntualizó que el retroceso de México responde al incremento de la violencia, así como a la intervención del poder político, la baja de la publicidad y la Ley de Telecomunicaciones.

Alertó sobre la censura de medios y periodistas como consecuencia de asesinatos, ataques a instalaciones de medios, agresiones, amenazas y autocensura por miedo, por el control de la publicidad o por el despido de periodistas.

El periodista Javier Garza advirtió sobre la documentación de 92 agresiones, incluyendo 7 homicidios de periodistas, de los cuales 5 habían sido secuestrados y desaparecidos sin que la autoridad pudiera prevenir su asesinato.

Asimismo, alertó sobre zonas en México de especial violencia, como en Veracruz, donde el asesinato de periodistas obliga a la autocensura de los medios.

José Buendía, miembro del Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas, lamentó que éste lleva dos años sin resultados, como consecuencia de una falta de voluntad política expresada por la ex subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón.

«Tenemos un grado de impunidad con más de 500 averiguaciones previas ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra periodistas, con solo 60 expedientes turnados. Solo 10 por ciento de averiguaciones han llegado a tribunales, lo cual se convierte en mejor incentivo para quienes presionan a los medios», añadió.

Fuente: El Golfo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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