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México

Segunda vuelta, inviable sin reingeniería electoral: INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que el sistema electoral mexicano no está construido para una segunda vuelta electoral, y «las elecciones del 2018 van a ser suficientemente complicadas» como para introducir innovaciones sobre la marcha.
Procesos como la fiscalización y sus tiempos; la posibilidad de impugnar la primera vuelta, su resolución en tribunales electorales; el tiempo y la logística de distribución de la papelería electoral en todo el país no están considerados en el actual sistema.
Por eso se requeriría una «reingeniería electoral» y no sólo reformas a leyes secundarias.
Y el país no pasa por tiempos pertinentes para esos cambios, planteó al participar en el Seminario Coahuila, Estado de México, Nayarit, Veracruz: lecciones aprendidas de cara al 2018, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
«¿Va a haber fiscalización de la primera vuelta?, porque dura 45 días. ¿Va a haber una calificación jurisdiccional (en tribunales) de la primera vuelta?, ¿Se puede anular la primera vuelta?, ¿Cuándo vamos a hacer la segunda?» son algunas de las preguntas que no han respondido quienes promueven el tema.
Un ejemplo de las complejidades técnicas, el de la impresión y distribución de boletas, tal «como la ley le mandata hacer hoy al INE, la distribución a nivel nacional tarda entre cinco y seis semanas. Estoy hablando de la impresión y distribución».
De por si el tema de la reelección –posible en 2018 para los legisladores locales y alcaldes de algunas entidades, a nivel federal hasta 2021- ya «nos meterá en muchos problemas».
Para garantizar equidad en la contienda por ejemplo, se podría llegar al extremo de pedir a los legisladores que renuncien seis meses antes. «O sea, ¿vamos a tener diputados de dos años y medio?, ¡Bonita continuidad si es lo que la reelección es lo que pretende¡», ironizó.
Se requiere una reingeniería electoral para eso, insistió y citó al gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, quien siendo senador decía, y con razón, que «los temas calientes en tiempos fríos, y hoy en la víspera de un proceso electoral no sé si sea lo más sensato o sano, racional, objetivo, discutir un tema como el de la segunda vuelta».

EL Informador

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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