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Por seguridad jurado mantiene anonimato en juicio del ‘Chapo’

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Los miembros del jurado seleccionados para juzgar al famoso narcotraficante mexicano, Joaquín «El Chapo» Guzmán, mantendrán su anonimato para evitar cualquier intimidación, anunció la Fiscalía federal de Brooklyn.

El juez Brian Cogan, a cargo del caso, le dio la razón al fiscal, que reclamaba el anonimato para los jurados y protección para cada uno de ellos durante sus trayectos de ida y vuelta al tribunal.

El juez decidió esto ya que «El Chapo», de 60 años, como presunto líder del cártel de Sinaloa, está acusado de haber dirigido a «sicarios» que realizaron centenas de agresiones, secuestros y asesinatos.

«En base al acta de acusaciones y pruebas ya examinadas por la corte», añadió el magistrado, «es probable que las pruebas del juicio establecerán un modo tal de funcionamiento del acusado y sus asociados que un jurado podría temer por su seguridad».

El juez rechazó los argumentos de la defensa, que aseguraba que imponer el anonimato de los miembros del jurado podría perjudicar a la presunción de inocencia que deben mantener.

El ex jefe del cártel de Sinaloa, famoso por sus dos espectaculares escapadas de prisión de cárceles mexicanas, está preso en total aislamiento en Manhattan desde su extradición a Estados Unidos el 19 de enero de 2017.

México decidió finalmente extraditar a «El Chapo» luego de una segunda y cinematográfica fuga de una prisión mexicana, en 2015, a través de un túnel de 1,5 km de largo y 10 metros de profundidad cavado hasta el desagüe de su ducha.

Es acusado de 17 delitos, entre ellos haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas y enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Solo el primero, dirigir el cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua, pero «El Chapo» insiste en su inocencia.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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