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Seis menores de edad presuntamente abusaron de un niño de 7 años para “dejarlo” jugar futbol

Una alarma se generó este miércoles en Colombia por el caso de un niño de siete años cuya familia denunció que fue presuntamente abusado sexualmente por seis menores de edad en Medellín.

La mamá de la víctima dijo a periodistas que seis niños, con edades entre los siete y los 15 años, abusaron de su hijo en una cancha de fútbol de un barrio de esa ciudad.

“El requisito era que para jugar fútbol tenía que hacerle sexo oral a los seis menores. El niño mío es indefenso, es súper humilde, no hay explicación”, dijo la mujer.

Según la mamá, los presuntos agresores “no quedaron contentos con eso y los de 11 y 12 años lo violaron”.

Una vez se conoció el caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inició un proceso de restitución de derechos de la víctima.

“Son inimputables todos los niñitos que participaron de esta acción. Son menores, entonces no entran al sistema de responsabilidad penal para adolescentes”, explicó Selma Roldán, directora del ICBF en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín.

A pesar de lo anterior, la entidad comenzó un proceso administrativo para que los niños aparentemente implicados en el caso entiendan la falta en la que incurrieron.

Según las autoridades, la víctima permanece bajo observación médica y orientación psicológica en un hospital de Medellín.

La mamá del menor denunció también que ha sido amenazada por los padres de los niños que al parecer participaron en el abuso.

El pasado 23 de mayo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que en el primer trimestre del año 8 mil 230 menores de edad fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual en Colombia.

La alarmante cifra representa un incremento del 15 por ciento si se compara con la del mismo periodo del año anterior, cuando se instauraron 7 mil 165 denuncias.

En el informe se explicó que las mujeres menores de 18 años son el 86 por ciento de los casos denunciados este año.

(EFE)

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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