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Seis subdirectores de la Conagua habrían renunciado luego de la amenaza de “limpia” de AMLO

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúan las renuncias de los altos funcionarios, ahora fue turno de las subdirecciones en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencia que recibió los señalamientos de AMLO por supuestamente defender intereses corporativos y personales por el agua en en estado de Chihuahua.

El mandatario anunció en fechas recientes que se baría cambios en la Comisión Nacional del Agua, pues aseguró que estaba “tomada” por los miembros de un partido para favorecer a sus intereses.

“Mañana vamos a dar a conocer los datos de solo una familia productora de nuez, que tienen nogales, una sola familia, van a ver los permisos del agua que tiene, el gran acaparamiento del agua, y también adelanto que va haber cambios en la CONAGUA, porque estaba tomada la CONAGUA… si por el PAN”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró, además, que la “limpia” no se trata de ninguna venganza, pues más bien busca que “este gobierno esté al servicio de todos y que se pongan por delante los intereses de la nación no los intereses de grupo”.

Por lo anterior, circuló en medios de comunicación nacionales que por lo menos seis subdirectores habrían renunciado a su cargo luego del mensaje revelado en la mañanera del gobierno federal.

De acuerdo con el periódico La Jornada, algunos de los funcionarios que presuntamente abandonarán su puesto son Eduardo Seldner, subdirector general de Administración; Alfredo Ocón, subdirector general técnico; Víctor Yamanaka Alcocer, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola; Eugenio Barrios de la subdirección General de Administración del Agua; así como Patricia Ramírez, subdirectora general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

Por otra parte, fuentes habrían confirmado a El Financiero, además, que se sumó a las renuncias Celia Maya García, subdirectora general Jurídica.

No es la primera vez que López Obrador habla al respecto; tras el conflicto entre agricultores y la Guardia Nacional, el presidente consideró que están involucrados intereses políticos, además de calificarlo como una especie de “huachicol con el agua”.

De acuerdo con el mandatario, se trata de ex gobernadores de Chihuahua, así como dirigentes del PAN, los que encabezaron un mitin, además de una marcha para la que repartieron palos, aunque ellos ya no se presentaron.

“Encabezaron un mitin, luego una marcha rumbo a la presa, ellos ya no fueron, pero repartieron palos, y tomaron la presa, creo que hizo bien la Guardia Nacional en no confrontar a los manifestantes. Fue algo bien orquestado”, aseguró durante su conferencia de prensa mañanera.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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