Grupos parlamentarios presentaron mociones suspensivas para que la discusión de la minuta sea devuelta a comisiones unidas para agotar el debate
Trabajadores anuncian paro nacional en protesta contra la desaparición de fideicomisos Credito:cuartoscuro
Pese a los intentos del bloque de contención en el Senado de la República para frenar la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, las comisiones de esta instancia legislativa aprobaron el dictamen por el que el dinero de 13 fondos se entrega a la Tesorería de la Federación para su reasignación.
En poco menos de tres horas, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron por mayoría – aunque con la inclusión de último minuto de dos legisladores a una de las comisiones – la extinción de los fideicomisos que en conjunto contienen 15 mil millones de pesos.
Al percatarse de que Morena no contaría con la mayoría de votos para eliminar estos fondos, sumaron a dos legisladores a la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con lo que finalmente obtuvieron la mayoría.
Durante la sesión se presentaron diversas mociones suspensivas a efecto de que, ante la eventual aprobación de la minuta, este pueda ser devuelto a las comisiones.
Las comisiones unidas del Senado aprobaron la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial; va al Pleno. (Senado)
En el caso de la bancada priista a cargo del senador Manuel Añorve, se presentó un oficio en el cual se señaló que no es posible continuar con la discusión de la minuta a efecto de que siga analizando el asunto y no transgredir los derechos laborales de la base trabajadora del Poder Judicial.
En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano Noé Castañón propuso que el representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial pudiera expresar su opinión en torno a la desaparición de los fideicomisos.
Este hecho generó todo un debate en torno a si debía modificarse el orden del día, puesto que no contemplaba su participación; sin embargo, se indicó que su exposición se daría únicamente en el marco de la discusión y no como comparecencia, por lo que no se necesitaría de una modificación.
Durante la discusión también se rechazaron las propuestas de los senadores Miguel Ángel Mancera y Damián Zepeda, quienes propusieron mesas de trabajo e incluso parlamentos abiertos con trabajadores del Poder Judicial.
Trabajadores del Poder Judicial se encuentran en paro nacional desde el pasado 19 de octubre. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)
Ningún fideicomiso paga sueldos de ministros, magistrados ni jueces
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial dejó claro que los fideicomisos que se busca extinguir no tocan a ministros, magistrados ni jueces, sino a la clase trabajadora.
Explicó ante senadores que 3 de los 14 fideicomisos de los que se ha hablado no manejan siquiera recursos, es decir, no cuentan con dinero; uno más es usado para la venta de libros, semanarios judiciales y otras formas de promover la información jurídica.
Nueve fideicomisos captaron por años ahorros del Poder Judicial de la Federación, con ahorros por compras todo ello por respaldo en la ley. De esos nueve fondos, son usados en gastos de infraestructura, dos para la Suprema a Corte y dos más para el Consejo de la Judicatura, así como para la construcción de edificios de este poder.
El secretario general del Sindicato negó que los fideicomisos toquen a ministros de la SCJN. (Senado)
Cinco fideicomisos son destinados a apoyos médicos complementarios, destinados para trabajadores del Poder Judicial; dos más están protegidos por la Ley de Austeridad Republicana.
“De los anteriores fideicomisos estamos hablado de 8 mil millones de pesos. Podemos afirmar que dichos fideicomisos definitivamente sí afectan a la base trabajadora, pues no sólo son los servicios médicos complementarios de los trabajadores, sino de infraestructura que dejarían sin defensa laboral a oficiales judiciales, actuarios y secretarios porque si se detiene la creación de nuevos centros, el trabajo que hacen cinco trabajadores queda en manos de un sólo trabajador”, indicó.
Acusó que los fideicomisos y el presupuesto del Poder Judicial van de la mano, y recordó que año con año el Instituto Nacional de Transparencia únicamente ha emitido dos recomendaciones que versan en torno al uso de los fondos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que la economía mexicana esté “rota”, como lo afirmó la revista inglesa The Economist en un reciente artículo, y sostuvo que dicha caracterización sobredimensiona factores coyunturales y minimiza las fortalezas estructurales del país.
El semanario publicó el texto titulado “Mexico’s broken economy”, en el que señaló que durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el crecimiento económico fue de apenas 0.8 por ciento, el nivel más bajo desde la pandemia y el menor entre las principales economías de América Latina.
En respuesta, la dependencia federal indicó mediante un comunicado que este análisis no considera adecuadamente los choques externos que han afectado el desempeño económico reciente. Explicó que la moderación observada en 2025 responde a factores como cambios en la política comercial de Estados Unidos, la normalización de la política monetaria y un ajuste fiscal interno tras el gasto expansivo registrado en 2024.
La SHCP subrayó que los aranceles tuvieron un impacto directo en sectores específicos, particularmente en la industria automotriz, lo que restó alrededor de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto, pese a que las exportaciones en su conjunto continuaron creciendo.
Asimismo, cuestionó el análisis sobre la inversión pública presentado por la revista, al señalar que la caída de 28 por ciento citada se basa en datos presupuestarios y no en cuentas nacionales, lo que consideró una interpretación incompleta de las tendencias reales.
Sobre la informalidad, la Secretaría afirmó que su papel como principal obstáculo al crecimiento está sobredimensionado en el artículo, al destacar que este indicador ha mostrado una tendencia a la baja al pasar de 56.5 por ciento en 2018 a 54.3 por ciento en 2024, con un incremento marginal a 54.9 por ciento en 2025.
En materia de política salarial, la dependencia sostuvo que los incrementos al salario mínimo han contribuido al fortalecimiento del ingreso, con un aumento real superior al 150 por ciento desde 2018 y una reducción de la pobreza en más de 13 millones de personas.
Finalmente, señaló que la inversión pública en generación y transmisión eléctrica creció más de 25 por ciento en 2025, lo que ha permitido ampliar la capacidad y confiabilidad del sistema, junto con la implementación de nuevos esquemas para facilitar la participación privada en el sector. Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta adicional por parte de la publicación.