Grupos parlamentarios presentaron mociones suspensivas para que la discusión de la minuta sea devuelta a comisiones unidas para agotar el debate
Trabajadores anuncian paro nacional en protesta contra la desaparición de fideicomisos Credito:cuartoscuro
Pese a los intentos del bloque de contención en el Senado de la República para frenar la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, las comisiones de esta instancia legislativa aprobaron el dictamen por el que el dinero de 13 fondos se entrega a la Tesorería de la Federación para su reasignación.
En poco menos de tres horas, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron por mayoría – aunque con la inclusión de último minuto de dos legisladores a una de las comisiones – la extinción de los fideicomisos que en conjunto contienen 15 mil millones de pesos.
Al percatarse de que Morena no contaría con la mayoría de votos para eliminar estos fondos, sumaron a dos legisladores a la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con lo que finalmente obtuvieron la mayoría.
Durante la sesión se presentaron diversas mociones suspensivas a efecto de que, ante la eventual aprobación de la minuta, este pueda ser devuelto a las comisiones.
Las comisiones unidas del Senado aprobaron la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial; va al Pleno. (Senado)
En el caso de la bancada priista a cargo del senador Manuel Añorve, se presentó un oficio en el cual se señaló que no es posible continuar con la discusión de la minuta a efecto de que siga analizando el asunto y no transgredir los derechos laborales de la base trabajadora del Poder Judicial.
En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano Noé Castañón propuso que el representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial pudiera expresar su opinión en torno a la desaparición de los fideicomisos.
Este hecho generó todo un debate en torno a si debía modificarse el orden del día, puesto que no contemplaba su participación; sin embargo, se indicó que su exposición se daría únicamente en el marco de la discusión y no como comparecencia, por lo que no se necesitaría de una modificación.
Durante la discusión también se rechazaron las propuestas de los senadores Miguel Ángel Mancera y Damián Zepeda, quienes propusieron mesas de trabajo e incluso parlamentos abiertos con trabajadores del Poder Judicial.
Trabajadores del Poder Judicial se encuentran en paro nacional desde el pasado 19 de octubre. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)
Ningún fideicomiso paga sueldos de ministros, magistrados ni jueces
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial dejó claro que los fideicomisos que se busca extinguir no tocan a ministros, magistrados ni jueces, sino a la clase trabajadora.
Explicó ante senadores que 3 de los 14 fideicomisos de los que se ha hablado no manejan siquiera recursos, es decir, no cuentan con dinero; uno más es usado para la venta de libros, semanarios judiciales y otras formas de promover la información jurídica.
Nueve fideicomisos captaron por años ahorros del Poder Judicial de la Federación, con ahorros por compras todo ello por respaldo en la ley. De esos nueve fondos, son usados en gastos de infraestructura, dos para la Suprema a Corte y dos más para el Consejo de la Judicatura, así como para la construcción de edificios de este poder.
El secretario general del Sindicato negó que los fideicomisos toquen a ministros de la SCJN. (Senado)
Cinco fideicomisos son destinados a apoyos médicos complementarios, destinados para trabajadores del Poder Judicial; dos más están protegidos por la Ley de Austeridad Republicana.
“De los anteriores fideicomisos estamos hablado de 8 mil millones de pesos. Podemos afirmar que dichos fideicomisos definitivamente sí afectan a la base trabajadora, pues no sólo son los servicios médicos complementarios de los trabajadores, sino de infraestructura que dejarían sin defensa laboral a oficiales judiciales, actuarios y secretarios porque si se detiene la creación de nuevos centros, el trabajo que hacen cinco trabajadores queda en manos de un sólo trabajador”, indicó.
Acusó que los fideicomisos y el presupuesto del Poder Judicial van de la mano, y recordó que año con año el Instituto Nacional de Transparencia únicamente ha emitido dos recomendaciones que versan en torno al uso de los fondos.
El Gobierno de México analiza la posibilidad de limitar el acceso de menores de edad a redes sociales como parte de una estrategia orientada a proteger su salud mental. Así lo confirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien explicó que actualmente se realizan consultas y análisis para evaluar posibles medidas regulatorias.
En entrevista con la agencia AFP, el funcionario señaló que la intención es abrir un debate público sobre el uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes. Indicó que existe preocupación por el escaso control sobre los contenidos que consumen los menores y por los riesgos que pueden representar.
Delgado precisó que la discusión busca recoger experiencias y opiniones de padres de familia, docentes y comunidades educativas para definir qué tipo de límites podrían establecerse. Señaló que el objetivo es que las propuestas surjan de quienes conviven directamente con niñas, niños y adolescentes.
El titular de la Secretaría de Educación Pública explicó que entre las medidas que se analizan podrían contemplarse restricciones de edad para el uso de redes sociales, mayor supervisión parental y responsabilidades más claras para las empresas tecnológicas que operan estas plataformas.
“El Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores, por lo que debemos pensar en poner ciertos límites”, expresó Delgado al referirse a la necesidad de establecer reglas que ayuden a proteger a este sector de la población.
Añadió que la preocupación no se limita al tiempo que los menores pasan frente a las pantallas. También se relaciona con problemáticas como el ciberacoso, la violencia digital y la exposición a contenidos que podrían resultar inapropiados.
El funcionario indicó que México también observa las políticas adoptadas en otros países que ya han implementado regulaciones en esta materia. Entre los casos mencionó a Australia, donde la legislación limita el acceso de menores de edad a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, además de establecer multas cercanas a 32 millones de dólares para las empresas que no adopten medidas razonables para cumplir con la norma.
“A mí me gusta el modelo australiano, personalmente”, expresó el secretario.
Hasta ahora no existe una iniciativa aprobada a nivel nacional sobre este tema. Sin embargo, la discusión ya se encuentra en el Gobierno federal y podría derivar en propuestas legislativas en los próximos meses.