Grupos parlamentarios presentaron mociones suspensivas para que la discusión de la minuta sea devuelta a comisiones unidas para agotar el debate
Trabajadores anuncian paro nacional en protesta contra la desaparición de fideicomisos Credito:cuartoscuro
Pese a los intentos del bloque de contención en el Senado de la República para frenar la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, las comisiones de esta instancia legislativa aprobaron el dictamen por el que el dinero de 13 fondos se entrega a la Tesorería de la Federación para su reasignación.
En poco menos de tres horas, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron por mayoría – aunque con la inclusión de último minuto de dos legisladores a una de las comisiones – la extinción de los fideicomisos que en conjunto contienen 15 mil millones de pesos.
Al percatarse de que Morena no contaría con la mayoría de votos para eliminar estos fondos, sumaron a dos legisladores a la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, con lo que finalmente obtuvieron la mayoría.
Durante la sesión se presentaron diversas mociones suspensivas a efecto de que, ante la eventual aprobación de la minuta, este pueda ser devuelto a las comisiones.
Las comisiones unidas del Senado aprobaron la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial; va al Pleno. (Senado)
En el caso de la bancada priista a cargo del senador Manuel Añorve, se presentó un oficio en el cual se señaló que no es posible continuar con la discusión de la minuta a efecto de que siga analizando el asunto y no transgredir los derechos laborales de la base trabajadora del Poder Judicial.
En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano Noé Castañón propuso que el representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial pudiera expresar su opinión en torno a la desaparición de los fideicomisos.
Este hecho generó todo un debate en torno a si debía modificarse el orden del día, puesto que no contemplaba su participación; sin embargo, se indicó que su exposición se daría únicamente en el marco de la discusión y no como comparecencia, por lo que no se necesitaría de una modificación.
Durante la discusión también se rechazaron las propuestas de los senadores Miguel Ángel Mancera y Damián Zepeda, quienes propusieron mesas de trabajo e incluso parlamentos abiertos con trabajadores del Poder Judicial.
Trabajadores del Poder Judicial se encuentran en paro nacional desde el pasado 19 de octubre. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)
Ningún fideicomiso paga sueldos de ministros, magistrados ni jueces
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial dejó claro que los fideicomisos que se busca extinguir no tocan a ministros, magistrados ni jueces, sino a la clase trabajadora.
Explicó ante senadores que 3 de los 14 fideicomisos de los que se ha hablado no manejan siquiera recursos, es decir, no cuentan con dinero; uno más es usado para la venta de libros, semanarios judiciales y otras formas de promover la información jurídica.
Nueve fideicomisos captaron por años ahorros del Poder Judicial de la Federación, con ahorros por compras todo ello por respaldo en la ley. De esos nueve fondos, son usados en gastos de infraestructura, dos para la Suprema a Corte y dos más para el Consejo de la Judicatura, así como para la construcción de edificios de este poder.
El secretario general del Sindicato negó que los fideicomisos toquen a ministros de la SCJN. (Senado)
Cinco fideicomisos son destinados a apoyos médicos complementarios, destinados para trabajadores del Poder Judicial; dos más están protegidos por la Ley de Austeridad Republicana.
“De los anteriores fideicomisos estamos hablado de 8 mil millones de pesos. Podemos afirmar que dichos fideicomisos definitivamente sí afectan a la base trabajadora, pues no sólo son los servicios médicos complementarios de los trabajadores, sino de infraestructura que dejarían sin defensa laboral a oficiales judiciales, actuarios y secretarios porque si se detiene la creación de nuevos centros, el trabajo que hacen cinco trabajadores queda en manos de un sólo trabajador”, indicó.
Acusó que los fideicomisos y el presupuesto del Poder Judicial van de la mano, y recordó que año con año el Instituto Nacional de Transparencia únicamente ha emitido dos recomendaciones que versan en torno al uso de los fondos.
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.