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México

Senado pone pausa a reforma militar

El Senado de la República suspendió la discusión de la reforma militar que plantea dar prórroga al Ejército para que regrese a sus cuarteles hasta 2028, con la idea central de que se estudie y discuta en las comisiones dictaminadoras.

Al no lograr consenso y los votos necesarios del grupo opositor, las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y Estudios legislativossolicitaron retirar el dictamen para su discusión de nueva cuenta, pues ya había sido votado y aprobado en días pasados. De esta manera tendrán diez días más para el análisis de la reforma.

Durante la sesión ordinaria en curso, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, recibió dos oficios que suscribieron los integrantes de comisiones dictaminadoras, para bajar la propuesta de ampliar plazo de Fuerzas Armadas en calles, lo que generó la furia de varios senadores del bloque opositor.

Y es que el PAN, PRD, incluso la bancada parlamentaria del PRI no cedieron en sus pronunciamientos a favor de la reforma constitucional, por lo que el senador de Morena Ricardo Monreal Ávila, insistió —en dos ocasiones diferentes en el Pleno— bajar la reforma constitucional para analizar con más tiempo los alcances de la propuesta del Revolucionario Institucional.

El morenista sostuvo que es un falso discurso que se busque militarizar al país con la reforma constitucional que se discute a propuesta del tricolor.

“Pienso que podemos dar más tiempo (a la reforma militar del PRI); nunca hemos aprobado nada en el Senado vía fas track. Demos más tiempo para la discusión a las comisiones dictaminadoras”, dijo Ricardo Monreal.

Le secundó el senador Dante Delgado, quien afirmó que la suspensión del debate se debe a que la propuesta militar del PRI no está suficientemente estudiada por los legisladores.

Acusan desaseo legislativo

La discusión de la reforma constitucional inició en el Senado con una moción suspensiva que buscaba alargar la discusión del dictamen; sin embargo, la petición fue bateada por los Grupos Parlamentarios de Morena y aliados.

Posteriormente, el PAN y PRD acusaron al presidente de la Mesa Directiva de incurrir en desaseo legislativo, luego de que se confirmaran dos oficios presentados, uno de ellos “mal requisitado”, por lo que distintas bancadas se enfrascaron en una discusión sobre los procedimientos de la sesión ordinaria y la ruta a seguir de las comisiones.

Incluso el senador, Damián Zepeda propuso retirar todas las reservas del PAN y votar este miércoles el dictamen; no obstante, no logró que se aprobara su propuesta.

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En tanto, la senadora Claudia Ruiz Massieu, arremetió en contra la propuesta del PRI, pues aseguró que el dictamen solo cumple un capricho de personajes políticos y que busca afecta a la oposición.

“Las Fuerzas Armadas se verán vulneradas con este dictamen. No se trata de estar a favor o en contra de la seguridad de los mexicanos; todos queremos que los mexicanos podamos vivir en paz; sin embargo, se ha sembrado la idea de que la GN y las Fuerzas se retirarán del territorio mexicano, eso es falso”, dijo.

La petición de regresar la propuesta a las comisiones dictaminadoras fue rechazada por el bloque opositor en primera instancia, aunque después aceptó la petición del senador Ricardo Monreal.

Mientras que la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que Morena buscó posponer el debate de la militarización, debido a que no les alcanzan los votos para aprobar la reforma constitucional, y así “comprar” tiempo para negociar con otros senadores.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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