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México

Senado recibe iniciativa de AMLO para eliminar fuero

El subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo, entregó al Senado la iniciativa para eliminar el fuero, enviada por del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario hizo entrega de la iniciativa al presidente de la mesa directiva de la Cámara alta, Martí Batres Guadarrama.

El presidente López Obrador anunció, en la ceremonia de toma de protesta en San Lázaro el sábado pasado, que enviaría dicha iniciativa para que se le pueda juzgar en funciones por corrupción o por delitos electorales.

Batres Guadarrama informó que la iniciativa que envió el presidente se incorporará al orden del día de la sesión de este martes y se turnará a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

La iniciativa presidencial contempla la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, mediante la cual se establece que se podrá acusar al presidente de la República por actos de corrupción y por delitos electorales, no sólo por traición a la patria, como ahora se establece.

El objetivo es quitar el fuero, la inmunidad y por lo tanto, la impunidad al presidente de la República.

Asimismo, establece que para proceder penalmente contra el presidente sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110; en este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Al hacer entrega de la iniciativa, Robledo señaló que el oficio número 100-001 firmado por Olga Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación, fue entregado al presidente del Senado, conforme a la facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución al Presidente de la República, y al artículo 27 fracción 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El subsecretario detalló que con las reformas constitucionales y a su vez, la iniciativa firmada por el presidente de la República, da inicio el procedimiento legislativo, guardando el pleno respeto a los otros poderes y a las competencias de cada uno de ellos.

Agregó que la propuesta tiene que ver solamente con eliminar el fuero a la figura del presidente de la República, lo cual es una de las promesas de campaña, eliminar la patente de impunidad que es el fuero.

Explicó también que se deja atrás la idea de que se es distinto y que se tiene una suerte de permiso para cometer delitos, particularmente vinculados con el tema de la corrupción.

Por ello, subrayó es específicamente para la figura presidencial: “es del presidente quitándole el fuero al presidente”.

De esta forma, el presidente, durante el tiempo de su encargo, no sólo podrá ser acusado por traición a la patria sino también por actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves.

Respecto a la propuesta de reforma del artículo 111, se establece que «para proceder penalmente contra el presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable».

En ambos casos, las reformas propuestas se refieren solo a la figura del presidente de la República. La iniciativa que buscaba retirar el fuero a servidores públicos y sustituirla con la figura protectora denominada «inmunidad constitucional» no obtuvo el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados durante la semana pasada.

En paralelo, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, había inscrito para este martes una iniciativa para que, como cualquier ciudadano, el presidente de la República en funciones pueda ser procesado penalmente por corrupción y delitos electorales, entre otros.

Sin embargo, Monreal anunció que «por cortesía política» retirará su propuesta del orden del día para solo darle entrada a la del presidente.

La iniciativa de Monreal estaba suscrita en el mismo sentido de la de López Obrador de reformar los artículos 108 y 111.

Con información de Notimex

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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