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México

Senado solicita a la FGR informe sobre desvíos en Seguro Popular

Llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) la solicitud de que informe cómo van las denuncias que interpuso la a Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el recurso que se ha “perdido” en el Seguro Popular.

Se trata de irregularidades halladas por la ASF entre 2013 y 2017, por más de 301 mil millones de pesos.
Es el Senado, con base en una propuesta del coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, el que solicita dicha información a la FGR.

“Resulta preocupante que casi 30 por ciento del total sea en el rubro de medicamentos, material de curación y otros insumos, adquiridos a precio superior al de referencia, o pagos que exceden el porcentaje autorizado para ese rubro”.}En cinco años revisados, la Auditoría Superior de la Federación realizó 174 indagatorias al Seguro Popular en todo el país y en 17 estados hizo observaciones por irregularidades, las cuales se centran en remuneraciones al personal, seguidas por medicamentos.

Las auditorías a dicho programa arrojan datos desfavorables, que son caso de estudio, “por lo que es necesario actuar frente esas acciones que violentan el espíritu de la política de salud más importante que se ha puesto en práctica en México”, indica el Senado.

En la cámara alta, los integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana consideran que es importante proteger la inversión en servicios de salud, toda vez que la finalidad del programa Seguro Popular es reducir la vulnerabilidad financiera que afecta a las familias mexicanas.

Y por ello, se acordó solicitar información a la FGR sobre las denuncias penales en marcha, así como a la ASF sobre los procedimientos que ha puesto en marcha para resarcir los daños financieros.

sdp noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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