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Senadores ‘clausuran’ cámaras de fotomultas y son demandados

Los representantes legales de la empresa Autotraffic, quien posee la concesión en la capital y en otras ciudades para instalar las cámaras que registran las controversiales fotomultas, interpusieron una denuncia en contra de los senadores Mario Delgado, de Morena, y Mariana Gómez del Campo por presuntos daños al equipo.
Los abogados presentaron la denuncia en la Fiscalía de la Procuraduría General de Justicia capitalina, en la delegación Miguel Hidalgo, arguyendo que los legisladores causaron daños técnicos al equipo, impidiendo su funcionamiento. La denuncia quedó registrada en el expediente CI-FMH/MH-4/UI-3 S/D/0827/03-2017.
En entrevista con Grupo Fórmula, Mario Delgado, dijo que no le preocupa la demanda que la empresa interpuso en su contra y la de la panista pues así podrán conocer el verdadero rostro detrás del “negociazo” de las fotomultas.
“Ya sabremos quienes son los dueños de esta mina de oro, de este tremendo negociazo; ojalá den la cara, para que nos enteremos de quiénes son estos nuevos ricos en la Ciudad”, expresó en entrevista con José Cárdenas.
Por la mañana, los dos senadores, de diferentes bancadas, clausuraron de manera simbólica, dos cámaras para la aplicación de sanciones viales por presunto exceso de velocidad. Los hechos ocurrieron en Felipe Carrillo Puerto, esquina con Marina Nacional, en la colonia Anáhuac.
Gómez del Campo Gurza dio a conocer que de diciembre de 2015 a enero de 2017 se han emitido 936 mil fotomultas y cuestionó a dónde va a parar el dinero recaudado. “¿En qué está gastando el Gobierno de la ciudad lo recaudado por fotomultas? ¿Qué están haciendo? Lo que le queda al Gobierno de la ciudad, ¿en qué se está gastando?”, manifestó
Por su parte, Delgado Carrillo sostuvo que como legisladores han estado “muy pendientes de lo que está sucediendo con las fotomultas y no nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras se atraca a la gente para enriquecer a unos cuantos”, dijo.
El pasado lunes, un juez federal determinó que cinco artículos del Reglamento de Tránsito capitalino son inconstitucionales porque violan el derecho a las audiencias y no sustituyen la actividad policial, luego de que un ciudadano se amparara ante el cobro de multas derivado de las fotomultas.
A pesar de ello, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que se las cámaras van a seguir operando en la entidad.

SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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