Las alertas de organismos internacionales como la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional, además de expertos la CNDH y ciudadanos no fueron escuchadas por los senadores que este miércoles aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior tal y como lo envió la Cámara de Diputados.
Después de más de cinco horas de discusión en comisiones, los senadores del PRI, PVEM y algunos del PAN aprobaron el dictamen y acordaron que la discusión de las modificaciones a nueve artículos se hará en el pleno este jueves.
Tras la discusión en comisiones, por la noche se dio primera lectura en el Pleno pero no se continuó su discusión y se citó a sesión este jueves a las 11 de la mañana. Aunque aún no se sabe si la sesión se realizará en la sede del Senado, en Reforma e Insurgentes o en la antigua sede en Xicoténcatl.
Este dictamen regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza, sin embargo organizaciones civiles e internacionales advierten que estos cambios son “cosméticos” y no modifican el fondo de esta ley.
Organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron que la Ley contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.
Integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra y activistas señalan que aprobar legislación en materia de “seguridad interior” perpetuaría la militarización de la seguridad pública y la violencia.
Tras la aprobación del dictamen de ley, la organización Amnistía Internacional respondió que es “inaudita la forma en la que las Comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, sobre el proyecto que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pues consideraron que los cambios realizados no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas.
Este jueves, a unas horas de que la ley sea votada, expertos de siete grupos especiales de la ONU advirtieron que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en un comunicado conjunto.
