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México

Senadores ignoran alertas de ONU, CNDH y ciudadanos; va al pleno Ley de Seguridad Interior

Las alertas de organismos internacionales como la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional, además de expertos la CNDH y ciudadanos no fueron escuchadas por los senadores que este miércoles aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior tal y como lo envió la Cámara de Diputados.

Después de más de cinco horas de discusión en comisiones, los senadores del PRI, PVEM y algunos del PAN aprobaron el dictamen y acordaron que la discusión de las modificaciones a nueve artículos se hará en el pleno este jueves.
Tras la discusión en comisiones, por la noche se dio primera lectura en el Pleno pero no se continuó su discusión y se citó a sesión este jueves a las 11 de la mañana. Aunque aún no se sabe si la sesión se realizará en la sede del Senado, en Reforma e Insurgentes o en la antigua sede en Xicoténcatl.

Este dictamen regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza, sin embargo organizaciones civiles e internacionales advierten que estos cambios son “cosméticos” y no modifican el fondo de esta ley.

Organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron que la Ley contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.

Integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra y activistas señalan que aprobar legislación en materia de “seguridad interior” perpetuaría la militarización de la seguridad pública y la violencia.

Tras la aprobación del dictamen de ley, la organización Amnistía Internacional respondió que es “inaudita la forma en la que las Comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, sobre el proyecto que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pues consideraron que los cambios realizados no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas.

Este jueves, a unas horas de que la ley sea votada, expertos de siete grupos especiales de la ONU advirtieron que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.

“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en un comunicado conjunto.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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