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Senadores le ponen fin a la violencia física contra menores

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Por unanimidad de 114 legisladores, el pleno del Senado prohibió por ley el uso de manazos, nalgadas, cachetadas y todo tipo de violencia física en la crianza de los menores de edad y con 113 votos en favor avaló una reforma constitucional para garantizar el derecho al desarrollo integral de la juventud.

En el dictamen de la reforma a la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Senado establece que el castigo corporal y otras formas humillantes de castigo son todavía usadas como medios de disciplina. En México, refiere, seis de cada diez niñas, niños y adolescentes, de entre uno y 14 años, han experimentado algún método de disciplina violenta.

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, informó que Unicef afirma que la incidencia de niñas que son asesinadas en sus casas es cuatro veces mayor que el de varones; según cifras del Inegi, entre 2012 y 2017 fueron asesinados casi dos mil 600 menores de 15 años, 42% de ellos a manos de algún familiar en sus hogares o por maltrato.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera, expresó que el objetivo de esta reforma es contribuir al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano sobre los derechos de la niñez.

En tanto, al presentar la reforma en materia de juventud, Lilia Margarita Valdez afirmó que el objetivo del dictamen es reconocer el derecho de los jóvenes a un desarrollo integral y contar con una normatividad que les otorgue protección efectiva.

Ambas reformas fueron turnadas a los diputados.

Fuente: Excelsior

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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