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Señala Benjamín Carrera engaño del gobierno estatal en el cobro del replaqueo y revalidación hasta febrero

El diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez, advirtió sobre el engaño del gobierno estatal, respecto al cobro de la revalidación vehicular y las placas, al señalar el aumento que se registrará por la actualización de la Unidad de Medida Actualizada UMA.

El legislador criticó que el Gobierno del Estado anunció el cobro del replaqueo y la revalidación vehicular hasta el mes de febrero para evitar el golpe económico por la “cuesta de enero”, sin embargo, recordó que la actualización de las UMAs, incrementará el cobro a los ciudadanos y por tanto el gobierno obtendrá un ingreso extra de 350 millones de pesos.

#Recuerdas que dijo el gobierno de Chihuahua que no nos iba a cobrar el replaqueo y la revalidación vehicular hasta febrero para que no sufriéramos la cuesta de enero?, Pues fue otro ENGAÑO que les permitirá obtener la increíble cantidad de 350 millones de pesos EXTRAS a lo que ya nos van a cobrar, ya que por la actualización de las UMAS en febrero deberás pagar 2,959 pesos para poder usar TÚ carro”, publicó en su cuenta de Facebook.

Benjamín Carrera agregó que de haber pagado estos derechos en enero, serían 2 mil 756 pesos por vehículo, y al pagar en febrero dicho costo aumenta 203 pesos más por cada vehículo.

Y es que en diciembre pasado, al momento de aprobarse el paquete presupuestal del 2022, también fue aprobado por mayoría de los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano la reforma enviada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván de “ ley de derechos”, que ajusta todos los impuestos a UMAs, lo que representa un incremento respecto a los movimiento financieros marcados por la inflación.

“Por ejemplo, el replaqueo ya va costarnos 644 pesos, no los 600 que dijeron por lo que el gobierno va a sacar, nada más del cobro de las placas, 1,111,350,639 pesos, dinero que ahora no podrán gastar los Chihuahuenses en sus familias”.

Recordó que el pago de las placas es injusto en un momento en el cual la crisis económica generada por la parálisis comercial ante el COVID19, ha impactado en las familias, además de que el costo de este cobro es de los más altos a nivel nacional.

El diputado impulsa una campaña en contra del replaqueo, en la plataforma Changue.org la propuesta contra este cobro lleva más de 11 mil firmas electrónicas y sigue creciendo, “Todos contra el replaqueo”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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