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Señala Sindicatura disminuciones en obra pública y ayudas sociales para el presupuesto 2021 del Municipio de Chihuahua

“Se está contemplando que se incremente presupuesto en áreas que no ayudan a las personas con los efectos de la pandemia y por otro lado se está reduciendo en las partidas que generan desarrollo económico, obra y apoyos sociales a quienes más lo necesitan”, señaló este día el síndico Amin Anchondo, durante el inicio de la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Municipio de Chihuahua en el 2021

Fue en sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda, Planeación e Inversión para el Desarrollo Socioeconómico del Municipio de Chihuahua donde la Tesorería Municipal encabezó los trabajos en los que participaron regidoras, regidores, directores de las dependencias del municipio y el Síndico Amin Anchondo.

Se destaca que el proyecto de Presupuesto de Egresos presenta una reducción del 8% en comparación con el año pasado, esto debido a las afectaciones económicas que ha traído la pandemia durante este año a todo el país. De tal manera que el total del presupuesto pasó de 3,778 millones en 2020 a 3,473 millones en 2021; es decir, la caída fue de casi 305 millones.

A partir del proyecto de presupuesto desarrollado por la Tesorería Municipal, el equipo de la Sindicatura hizo un análisis detallado sobre los aspectos más importantes que sufrieron modificaciones. Entre ellos sobresale que la inversión en obra pública pasó de representar el 15.7% del presupuesto en 2020 a solo el 5.9% del presupuesto en 2021.

Por otro lado, los apoyos y ayudas sociales establecidas en el capítulo 4000 también presentan una importante disminución. La Dirección de Desarrollo Humano y Educación ha gastado 149.2 millones en este rubro durante 2020, pero en el proyecto de presupuesto 2021 solo le están otorgando 47.4 millones.

De la misma manera los apoyos de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico presentarán reducciones, pues hasta noviembre de este año se invirtieron en ayudas y subsidios a las empresas y comercios 82.2 millones, mientras que para el 2021 solo se están presupuestando 8.6 millones.

La discusión sobre el proyecto de presupuesto 2021 seguirá durante toda esta semana, esperando que sea aprobado en sesión de Cabildo el próximo 28 de diciembre.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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