A solo tres semanas de que se realicen las elecciones más grandes de la historia en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga a los dos candidatos punteros que buscan la gubernatura de Nuevo León.

Y es que la noche del lunes 10 de mayo, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrieron dos carpetas de investigación contra Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, y contra Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD.

Ambas investigaciones judiciales se anuncian justo después de los señalamientos públicos que hiciera el presidente López Obrador contra los candidatos de la oposición.

El periodista Salvador García Soto, resaltó en la columna que escribe en El Universal, que a Samuel García, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los acusa de irregularidades financieras en su campaña por haber recibido “aportaciones de dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito” en su campaña, y el presunto delito involucra también a su padre Samuel “G”, a su esposa Mariana “R” y a su suegro Jorge “R”.

Mientras que a Adrián de la Garza, lo investigarán por presunta compra y coacción del voto “por solicitar el voto femenino a través de una denominada ‘tarjeta rosa’ que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones de gobernador del Estado de Nuevo León.

García Soto destacó que, en el caso de Samuel, la UIF es quien lo acusa, pero en el caso del priista Adrián de la Garza nunca se menciona quién interpuso la denuncia “y eso llama poderosamente la atención porque apenas la semana pasada, entre el jueves y el viernes el presidente López Obrador estuvo mencionando en la conferencia mañanera el caso de la llamada ‘tarjeta rosa’ como un tema de ‘compra de voto’”

El columnista resaltó que en este caso, no es un esquema que no es nuevo, toda vez que fue utilizado en la campaña de 2017 del priista Alfredo del Mazo, hoy gobernador del Estado de México.

“Tres días después de las denuncias públicas del presidente, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales decide iniciar una carpeta de investigación por un presunto delito electoral contra el priista. ¿Casualidad o será que en la Fiscalía siguen órdenes de Palacio Nacional?”, se preguntó.

El columnista recalcó que en el caso de Samuel García, las denuncias de la UIF no son nuevas ya que desde hace al menos tres meses, antes del arranque formal de las campañas, Santiago Nieto tenía identificadas las transferencias y depósitos recibidos por el candidato de MC al gobierno de Nuevo León.

“La pregunta que se impone es por qué si ya había elementos desde entonces no actuaron ni interpusieron la denuncia penal ante la FGR y por qué lo hacen justo cuando el abanderado emecista lidera la mayoría de las encuestas por la gubernatura y cuando la candidata morenista Clara Luz Flores se ha desfondado en la contienda por sus errores y mentiras sobre su acercamiento a la secta Nxivm y su líder Keith Raniere, hoy preso en Estados Unidos por el delito de esclavitud sexual. ¿Será que ante el enojo del presidente López Obrador por lo que sucede en Nuevo León con su candidata buscarán frenar y bajar a los contrincantes de la oposición para favorecer a Clara Luz utilizando la procuración de justicia tan burda y descaradamente?”, lanzó García Soto.

“Pero si ya ir en contra de los dos candidatos de oposición que encabezan la contienda por la gubernatura más importante de las 15 que se renuevan el próximo 6 de junio utilizando a la Fiscalía General de la República es un tema de escándalo y un evidente uso político de la institución supuestamente autónoma, también anoche la FGR confirmó que en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca hay un giro importante y que el también gobernador de oposición en Tamaulipas podría caer muy pronto ante la existencia de un informe del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, enviado al Gobierno de México, donde se señalan posibles responsabilidades penales del mandatario Francisco Javier ‘G’; su hermano el senador Ismael ‘G’; su otro hermano José Manuel ‘G’; y su cuñado José Ramón ‘C’”.

Según el comunicado emitido anoche por la FGR, la información del Departamento de Justicia, incluye las actividades financieras y presuntos actos de lavado de dinero del gobernador de Tamaulipas, de sus dos hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca.

Ismael es senador en funciones por el PAN, mientras que José Ramón Gómez Leal, cuñado del gobernador, se desempeña actualmente como Delegado Especial de Programas Federales en Tamaulipas.

A todos, al igual que a “diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales” se les vincula de “irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que, por ser nuevas probanzas que las autoridades mexicanas de procuración de justicia acaban de recibir, integrarán a la carpeta correspondiente”, reza el comunicado.

“Es decir, que con esa información recibida desde Estados Unidos, la Fiscalía no sólo refuerza sus acusaciones en contra de Cabeza de Vaca, sino que le quita al gobernador el discurso de que las acusaciones federales en su contra se basan sólo en un tema de ‘persecución política’ por sus posiciones como gobernador de oposición en contra el gobierno federal. Al haber ya también información del gobierno estadounidense se consolida la posibilidad de que el gobernador tamaulipeco, que lleva dos semanas sin aparecer en público y hay versiones de que se encuentra escondido en Estados Unidos, entre las ciudades texanas de Mcallen y Laredo, mientras su voceros insisten que despacha en Ciudad Victoria, pueda ser detenido por la justicia federal una vez que se resuelva la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas y aceptada ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir sobre la competencia final del desafuero del mandatario estatal que ya aprobó la Cámara de Diputados”, enfatizó el periodista.

“Está claro que dichas investigaciones no son casualidades sino causalidades y que buscan un efecto concreto e incidir en el ánimo de los electores en las votaciones inminentes. El uso de la justicia para fines políticos y electorales no es nuevo en México, lo han practicado penosamente muchos gobiernos de todos los signos políticos, el más reciente el de Peña Nieto cuando abrió expedientes contra el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, en plenas campañas presidenciales de 2018 frenando así el crecimiento del panista en beneficio del ahora presidente López Obrador.

Pero ese mismo uso faccioso, electorero y vergonzoso de las instituciones de procuración de justicia se repite ahora en la 4T que una vez más confirma que no es tan ‘diferente’ que son más bien ‘iguales’ a todos sus antecesores (…) utilizando a una FGR a la que ya no le queda nada de autónoma y que está terminando, igual que antes lo fue la PGR, como el “brazo judicial” de López Obrador en su objetivo de retener el poder a cualquier costo”, finalizó el columnista.

Fuente: Infonbae