Conecta con nosotros

México

SEP y Profeco van contra los abusos en colegios privados

El procurador General del Consumidor, Ernesto Nemer, afirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la tarea de vigilar que las escuelas privadas no cometan abusos en contra de los alumnos y padres de familia, por ello la importancia del convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de Economía para que la dependencia afilie la supervisión de gastos de estos colegios en apoyo a la economía.

En entrevista para el espacio de Fórmula Financiera, explicó que este convenio, el número 73 que la Profeco firma en seis meses, tiene como tarea fundamental evitar abusos de los colegios particulares en contra de los padres de familia.

“Particularmente en que no haya abusos en el incremento de las colegiaturas, en que no condicionen la compra de los útiles escolares, uniformes en las propias escuelas y evitar que haya incrementos durante el año en algunas cuotas extraordinarias; esto va a orillar a que estemos cuidando el bolsillo de los consumidores y de los padres de familia”, señaló el funcionario.

Apuntó que como la Profeco tiene la tarea fundamental de vigilar que desde que un padre de familia acude a un colegio particular, se le dé la información completa sobre el costo de la colegiatura, de los útiles escolares, de las aportaciones adicionales y que éstas se respeten en los términos legales.

“Cuando un papá va a un colegio particular y le da toda esta información y acepta inscribir a sus hijos ahí, ya hay una aceptación tácita del servicio que van a recibir a cambio de un costo, lo importante es que no se modifiquen estas condiciones”, señaló Ernesto Nemer.

Indicó que la participación de la Procuraduría también tiene que ver en mantener la vigilancia de que no haya “escuelas patito”, es decir, “que no haya escuelas que no estén incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que estén ofreciendo servicios de manera fraudulenta, que traigan consecuencias contra los padres de familia y alumnos”.

Recordó que el trabajo de Profeco es difundir los derechos del consumidor y evitar que haya abusos y con ello se dañe el bolsillo de los consumidores, por lo que “a partir de este convenio vamos a estar intercambiando información para que, de esta manera, a través de las delegaciones de Profeco, podamos recibir cualquier queja o a través de los teléfonos 55 68 87 22 o del interior de la República 01 800 468 87 22, para poder intervenir y corregir la irregularidad, o bien sancionar según sea el caso”.

por Grupo Formula

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto