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Separan a responsable de estudio al aeropuerto

Al asegurar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es apartidista y apolítica, su titular, David Colmenares Páramo, se comprometió a cesar a cualquier funcionario que por sus intereses personales viole el mandato constitucional de esa institución.

Afirmó ante los legisladores que ya están colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara realiza en torno a denuncias por presunto conflicto de interés en el que habrían incurrido responsables de revisar el ejercicio de los recursos públicos.

“Y pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal, que se aparten de los objetivos propios de la Fiscalización Superior”, prometió.

Ése fue el mensaje del funcionario en la comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, encuentro que inició con la notificación a los legisladores de que no participaría el auditor especial Agustín Caso que tuvo a su cargo la controvertida revisión de los gastos de deuda del aeropuerto de Texcoco, porque se separó de éste, en tanto se sigue la investigación de las cifras.

Colmenares Páramo se comprometió a esclarecer las discrepancias que se dieron entre el Informe de la Cuenta Pública de 2019 sobre los pasivos de la cancelación de esa obra y los números que el gobierno maneja.

“Efectivamente, hay una discrepancia, que algunos consideran un error, en la auditoría de desempeño”, admitió al confirmar que la revisión entre funcionarios de la ASF y el Grupo Aeroportuario, en representación del gobierno, se inició el domingo y que las mesas de trabajo continuarán hasta ajustar de manera consensuada los cálculos de los pasivos.

Esas previsiones, en su versión original, generaron inconformidad en el presidente López Obrador. Posteriormente, el auditor especial del caso, ahora separado de su cargo, asumió mediante un comunicado que había errores.

“La Auditoría no confronta y mucho menos enfrenta a nadie, en ningún orden de gobierno, a ningún gobierno”, enfatizó.

Dijo que la ASF es un organismo al servicio del pueblo: “Que quede claro que no hay ningún tipo ni de presiones ni de mala fe”.

ASF ABRIRÁ NUEVOS EXPEDIENTES
En la comparecencia ante diputados, el auditor Gerardo Lozano Dubernard sostuvo que, a diferencia del pasado inmediato, actualmente se tienen claros los casos de corrupción de Agro Nitrogenados y Fertinal.

También adelantó que, en su momento, se presentarán denuncias correspondientes al daño patrimonial en que se incurrió en el sexenio anterior por los casos de Odebrecht, Policía Federal, Diconsa, Sagarpa, Sedatu, el Paso Exprés y las remodelaciones del hangar presidencial, entre otros casos.

Detalló Lozano Dubernard que, derivado de la fiscalización que ha venido haciendo la Auditoría Especial del Cumplimiento Financiero a su cargo, bajo la administración de David Colmenares, se han presentado 84 denuncias de hechos por irregularidades que suman un monto de 14 mil 789 millones de pesos.

Preciso que, en este momento, cuentan con 69 dictámenes técnicos relacionados con diversos daños patrimoniales por un valor de 4 mil 506 millones de pesos.

Enfatizó que en el caso Agro Nitrogenados la anterior administración de la ASF no había realizado ninguna denuncia.

Enfatizó que también en la Cuenta Pública de 2016 se revisó la compra de las acciones de Grupo Fertinal, presentándose igualmente la conclusión de que no hubo daños, mismo que ahora se ha documentado en detrimento de la empresa del Estado. Y adelantó que el dictamen técnico correspondiente está concluido y la denuncia de hecho habrá de presentarse la próxima semana.

“Nos queda claro a todos que éstas son dos de las operaciones más emblemáticas en materia de corrupción en la administración pública anterior. Estas denuncias tienen un impacto económico importante”, remarcó.

“No omito señalarles el rezago en que se encontró la Dirección General de Inversiones Físicas Federales, ya que entre los años 2013 al 2017, practicó 683 auditorías y únicamente se presentaron 4 denuncias”, dijo.

Fuente: Excelsior

2024

Voto ciego, una farsa de Movimiento Ciudadano: Investigación

Los creadores de Voto Ciego, una plataforma creada para que los ciudadanos puedan conocer y elegir las mejores propuestas de los candidatospresidenciales, tienen contratos con Movimiento Ciudadano.

Según consta en Plataforma Nacional de Transparencia, Metcalfe ha obtenido contratos con el partido naranja entre 2021 y 2023 para la producción y postproducción de podcast. En esa empresa aparece como socia Mariana del Valle Castillo, quien en 2022 registró la marca Monoceros, la cual ha desarrollado Voto Ciego, de acuerdo con la información que aparece en su sitioweb.

Movimiento Ciudadano ha firmado al menos seis contratos con Metcalfe que en conjunto suman más de tres millones de pesos según pudo constatar Latinuscon la información disponible en la PNT.

Las preguntas formuladas en el cuestionario desarrollado por Monoceros y disponible en votociego.com están divididas en las temáticas de salud, seguridad, educación, economía, derechoshumanos y el combate a la corrupción.

Ninguna de las preguntas hace referencia directa a los partidos, coaliciones o candidatos presidenciales; sin embargo, la redacción de algunas sí hacen referencia a propuestas identificables de las candidatas Claudia Sheinbaumy Xóchitl Gálvez, como el registro ante el IMSS-Bienestar y la entrega de la tarjeta Mi Salud, respectivamente.

Usuarios en la red social X han señalado que las respuestas que con más detalle se han plasmado en el cuestionario corresponden a las propuestas hechas por Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, lo que representa un sesgo.

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