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México

Sergio Mayer presidirá la comisión de Cultura en San Lázaro

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados concluyó esta madrugada la asignación de las 22 presidencias de las comisiones ordinarias que presidirá, en las que Cultura estará encabezada por el actor Sergio Mayer y Salud por Miroslava Sánchez.

Tras una larga jornada de negociaciones internas que se definió con el voto libre y secreto en urnas o por acuerdo en mesas, Morena salió adelante con las asignaciones de sus presidencias que serán votadas hoy en el pleno para su aval, junto con las 23 restantes que conformarán las 45 comisiones ordinarias.

Los legisladores de Morena presidirán Bienestar Social, con Miguel Prado; Ciencia y Tecnología, con María Solís; Cultura, Sergio Mayer; Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Rosalba Valencia.

Además Derechos Humanos, con Hugo Ruiz Lustre; Desarrollo Agrario, con Eraclio Rodríguez; Educación, Adela Piña; Energía, Manuel Rodríguez; Frontera Sur, con Ciro Sales Ruiz.

También Gobernación, con Rocío Barrera; Igualdad, Wendy Briseño; Infraestructura, Ricardo Exsome; Juventud y Diversidad, Celeste Ascencio; Migración, Julieta Vences; Pesca, Maximiliano Ruiz; Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar; Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos

Asimismo, Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo; Recursos Hidráulicos, Feliciano Flores; Salud, Miroslava Sáchez; Seguridad, Juana Guerra, y Turismo, Luis Alegre.

La noche del miércoles, Morena y Encuentro Social anunciaron que determinaron retirar al segundo, las comisiones de Salud y de Cultura que se le habían asignado, en respuesta a las críticas y protestas de diversos sectores.

En comunicado, las bancadas de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’ en San Lázaro informaron que, de conformidad con el Acuerdo Político de Unidad y Acción Legislativa, firmado el pasado 16 de agosto por los presidentes de los partidos que conformaron la coalición, llegaron a un acuerdo.

El acuerdo consiste en que “las comisiones de Cultura y Cinematografía y la de Salud serán presididas por el grupo parlamentario de Morena; y el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social encabezará las comisiones del Deporte y del Trabajo y Previsión Social”.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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