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Serie revive el caso de El Mochaorejas y reabre debate sobre el secuestro en México

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Con el estreno de la serie “El Mochaorejas”, producción original de ViX, el nombre de Daniel Arizmendi López volvió a colocarse en la conversación pública, al retratar uno de los casos criminales más violentos y recordados de la década de los noventa en México.

Arizmendi López es considerado uno de los secuestradores más notorios del país por el método con el que operaba. Durante años, su nombre fue asociado al auge del secuestro que se registró en distintas regiones del territorio nacional, delito que en ese periodo alcanzó niveles alarmantes y generó un clima generalizado de temor.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Arizmendi inició su actividad delictiva en la adolescencia, cuando se dedicaba al robo de autopartes en el Estado de México. A los 15 años fue detenido por primera vez y, tras recuperar su libertad por ser menor de edad, continuó cometiendo delitos en distintos municipios de la entidad.

Con el paso del tiempo, integró una banda dedicada al secuestro que operó en varias zonas del país, dando inicio a una de las etapas más oscuras en materia de seguridad. Su forma de presionar a las familias consistía en mutilar las orejas de las víctimas y enviarlas como prueba de vida para exigir el pago del rescate. El propio Arizmendi reconoció en una entrevista televisiva haber realizado estas amputaciones con tijeras.

Entre las personas afectadas se encontraban jóvenes y adultos mayores. En uno de los casos, una mujer fue la única víctima a la que le fueron cortadas ambas orejas. Se estima que el número de personas secuestradas por la banda alcanzó al menos 200, de las cuales algunas fueron asesinadas.

El primer secuestro atribuido a Arizmendi ocurrió en 1995, cuando privó de la libertad al propietario de una gasolinera. Ante la negativa de la familia a pagar el rescate, decidió amputarle una oreja y enviarla a sus familiares, marcando el inicio del modus operandi que lo haría ampliamente conocido.

En agosto de 1998 fue detenido a las afueras de su domicilio. Posteriormente, las autoridades lo sentenciaron a 400 años de prisión, condena que cumple actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Estado de México.

La serie aborda su trayectoria criminal entre 1996 y 1998 a través de una versión ficcionada basada en la investigación de la periodista Olga Wornat y se estrenó el 23 de enero en la plataforma ViX Premium.

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Diego Luna e Iñárritu encabezan protesta por centro migrante en Texas

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El actor Diego Luna y el cineasta Alejandro González Iñárritu impulsan una protesta internacional para exigir el cierre del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, señalado por presuntas violaciones a derechos humanos.

La iniciativa está dirigida al gobierno de Donald Trump y a la empresa privada CoreCivic, responsable de la instalación. Hasta el momento, la petición ha reunido más de 4 mil firmas verificadas, con el respaldo de figuras como Jane Fonda, Madonna, Javier Bardem y Pedro Pascal.

En el documento difundido por activistas y celebridades, se lanza una crítica directa a la detención de menores en centros migratorios. “Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes”, señala la carta, que advierte sobre afectaciones a la salud, seguridad y dignidad de los menores.

De acuerdo con un informe de ProPublica publicado en febrero, alrededor de 3 mil 500 personas han permanecido en el centro de Dilley, más de la mitad menores de edad. Además, investigaciones adicionales indican que cerca de 300 niños han sido retenidos por más de un mes, lo que contraviene el Acuerdo Flores, que establece un límite de 20 días para la detención de menores migrantes.

El caso de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años enviado a esta instalación tras ser detenido junto a su padre en Minneapolis, incrementó la atención internacional sobre el centro.

El pronunciamiento surge en un contexto de aumento en la detención de menores en Estados Unidos. Datos del Deportation Data Project indican que entre enero y octubre se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, cifra superior a los 25 casos mensuales reportados durante los últimos 16 meses del gobierno de Joe Biden.

La exigencia plantea el cierre del centro de Dilley y la revisión de las políticas migratorias que permiten la detención prolongada de familias migrantes. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta oficial sobre esta solicitud.

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