Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes será enviado al Senado de la República el denominado Plan B de su reforma electoral, con el objetivo de reducir privilegios y gastos en el ejercicio público.

Durante conferencia de prensa, la mandataria explicó que la propuesta incluye cambios constitucionales y legales, así como modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Señaló que el planteamiento retoma elementos de su iniciativa anterior y busca ajustarse a los principios de austeridad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el plan contempla la reducción del número de regidores en los municipios, estableciendo un mínimo de siete y un máximo de 15, además de limitar a una sola sindicatura por ayuntamiento. En el caso de los congresos locales, se propone fijar un tope presupuestal equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad.

De acuerdo con lo expuesto, los recursos que se obtengan de estos ajustes serían destinados a obras de infraestructura en los propios municipios y estados.

En cuanto a los órganos electorales, el proyecto establece que consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrán percibir ingresos superiores a los de la Presidencia de la República. También se plantea eliminar prestaciones adicionales como bonos y seguros de gastos médicos mayores.

Para el Senado, se contempla una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar un recorte del 15 por ciento.

La iniciativa también incluye disposiciones en materia de participación ciudadana, como la revocación de mandato, que se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo de la solicitud ciudadana.

Entre otros puntos, se plantea que los cómputos de elecciones federales y locales inicien una vez concluida la jornada electoral, así como el uso de tecnologías para la fiscalización de recursos. Además, se establece la obligación de los partidos políticos de transparentar las remuneraciones de sus dirigentes y reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante sistemas bancarizados.

El documento también prohíbe el uso de recursos ilícitos, de origen no comprobable, del extranjero o en efectivo en las actividades partidistas. Con estas medidas, el gobierno federal busca avanzar en la reducción del gasto público y fortalecer los mecanismos de control electoral.