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México

Sheinbaum reacciona al intento de un pasajero de desviar un vuelo de Volaris a EEUU: “Hay responsabilidad”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un muy breve posicionamiento respecto al intento de un pasajero de un avión de Volaris que intentó desviar un vuelo a los Estados Unidos, después de haber recibido mensajes que lo alertaron sobre el supuesto secuestro de un familiar y la amenaza de muerte en caso de que llegara a Tijuana.

Sin dar algún detalle hizo una llamado para que la Fiscalía General de la República (FGR) sea quien informe sobre lo ocurrido, el delito que se le imputa y el móvil de lo que ocurrió ayer en el vuelo 3041 que tenía como destino Tijuana, Baja California.

Tiene que informar la Fiscalía General de la República y en el día se dará más información sobre este caso. Hay responsabilidad, ¿Qué delito (cometió)? Tiene que informarlo la Fiscalía”, dijo la mandataria federal.

De acuerdo con las versiones de las autoridades, el hombre identificado como Mario “N”, de 31 años de edad, quien viajaba con una mujer y dos menores de edad, intentó ‘apoderarse’ de la aeronave. Los testimonios del personal de la aerolínea sostienen que el sujeto alegó que un familiar cercano había sido secuestrado al momento de despegar y que momentos después recibió una amenaza de muerte en caso de que llegara a Tijuana.

Algunas versiones señalan que Mario “N” golpeó a una sobrecargo e intentó acceder a la cabina, pero según los reportes oficiales los pasajeros y la tripulación resultaron ilesos en el incidente. Fue el personal y los pasajeros quien

A través de redes sociales se difundieron videos del momento exacto en que un pasajero sometió a Mario “N” después de aterrizar en Guadalajara. El hombre fue identificado como Jesús Torres, quien relató que pese al temor de que tuviera un arma hizo “lo necesario” por el bien de la tripulación y la sobrecargo a quien tenía amagada.

“Lo principal fue por la seguridad de él y su familia. Yo creo que hice lo correcto, hice lo necesario, por bien de todos y por la seguridad de él y la tripulación, ya que traía amagada a la aeromoza (…) Sí tuve miedo (de que tuviera un arma) por la inseguridad que se vive en el país y porque no hubo mucho apoyo por parte de las autoridades”, contó Jorge Torres sobre como se vivió la consternación en el aire.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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