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Si el Senado no condena a Trump «puede volver a hacerlo», advierten los demócratas

Los congresistas demócratas que argumentan que Donald Trump incitó a una insurrección violenta al alentar a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio de Estados Unidos advirtieron al Senado el jueves que si el expresidente no es condenado «puede volver a hacerlo».

Los primeros tres días del juicio político a Trump se han centrado en las acalarodas palabras dirigidas a sus partidarios en las semanas previas al ataque del 6 de enero, cuando afirmó falsamente que su derrota electoral ante el presidente demócrata Joe Biden fue el resultado de un fraude y que era necesario «luchar» para «detener el robo».

Es muy poco probable que los demócratas consigan una condena y prohíban a Trump volver a ocupar un cargo público, dado que solo seis republicanos votaron con los demócratas en la cámara de 100 escaños para proceder con el juicio político.

«Si regresa al cargo y vuelve a suceder, no tendremos a nadie a quien culpar más que a nosotros mismos», dijo el jueves al Senado el congresista Jamie Raskin, quien oficia de fiscal en el juicio político, al concluir los argumentos.

El también congresista demócrata Ted Lieu dijo a los senadores que le preocupa lo que sucedería si Trump se postula en 2024 y pierde.

«No tengo miedo de que Donald Trump vuelva a postularse en cuatro años. Me temo que vuelva a postularse y perder, porque puede volver a hacerlo», dijo Lieu.

Los fiscales demócratas dieron ejemplo tras ejemplo de las acciones de Trump antes del ataque para ilustrar lo que pretendía cuando les dijo a sus partidarios que fueran al Capitolio y «lucharan» mientras el Congreso se reunía para certificar la victoria electoral de Biden.

«El 6 de enero no fue una ruptura radical inesperada de su disposición pacífica y respetuosa de la ley… Este fue su modus operandi esencial», dijo Raskin.

La Cámara de Representantes liderada por los demócratas acusó el 13 de enero al expresidente republicano de incitar a una insurrección. El mandato de Trump terminó el 20 de enero.

Se necesitaría una mayoría de dos tercios para votar condenarlo, lo que significa que al menos 17 senadores republicanos tendrían que desafiar a Trump, quien ha mostrado interés en postularse nuevamente a la presidencia en 2024.

Fuente: Reuters

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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